El Papa Francisco está volviendo la Iglesia hacia los lugares que el mundo no quiere ver, incluso los que están dentro del Vaticano. Combate la cultura del descarte, critica las injusticias que genera el capitalismo y señala a los principales responsables, habla de descolonización en los países periféricos, combate la corrupción del Vaticano y la pedofilia sacerdotal, intervino por la Paz en Siria, reconoció el Estado Palestino, denunció el narcotráfico y la violencia visitando México, interpelaó a la Unión Europea para que se responsabilice por la crisis migratoria, abogó por el diálogo entre Estados Unidos y Cuba, por la Paz en Colombia, arriesgó su vida yendo a zonas de guerra en África, y siguen los ejemplos de un Papado como pocos se han visto en la historia. Todo esto tiene un costo político, un costo alto porque interponerse en los intereses de los más poderosos no es tarea fácil.
Nos duele que algunos, que se dicen creyentes, no comprendan la profunda necesidad de renovación que necesita la Iglesia frente a los desafíos actuales en el mundo. Los primeros pasos fueron dados por el Papa San Juan XXIII cuando dijo: “Quiero abrir ampliamente las ventanas de la Iglesia, con la finalidad de que podamos ver lo que pasa al exterior, y que el mundo pueda ver lo que pasa al interior de la Iglesia”. Y así fue como abrió el Concilio Ecuménico Vaticano II dando un nuevo impulso de renovada fe y esperanza a la Iglesia Católica. Al que luego siguieron los encuentros del Episcopado Latinoamericano de Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, con el principio de opción preferencial junto a los pobres.
Mientras nuestro hermano, el Papa Francisco, hace frente a los desafíos que vive la humanidad, debe soportar continuos ataques, injurias y mentiras que surgen de grupos opositores de obispos y cardenales, que violentan y cuestionan su acción pastoral. La promoción mediática que han logrado las declaraciones infundadas del Ex nuncio Vigano, muestra una campaña destituyente que genera honda preocupación a los cristianos en el mundo. Todos queremos que se esclarezcan y sancionen los casos casos aberrantes de pedofilia, por eso la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿Por qué cargan la responsabilidad en el nuevo Papa, que está haciendo todo a su alcance para reconocer y combatir los abusos sexuales dentro y fuera de la iglesia, como nunca ocurrió antes?
No puedo callar frente a tanta injusticia y odio manifestado contra el Santo Padre desconociendo todo su accionar de Pastor cuidador de la casa común y al Pueblo de Dios. Pastor que no oculta las sombras de la historia, que pide perdón en nombre de la Iglesia, y busca reparación asumiendo el dolor profundo del daño hecho a los pueblos originarios durante la conquista europea, en la complicidad con las dictaduras latinoamericanas y los casos de abusos sexuales. Así es que, en un hecho inédito, creó la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, removió numerosos sacerdotes de alta jerarquía, convocó un sínodo de jóvenes y para febrero de 2019 a los Presidentes de las Conferencias Episcopales del mundo con el objetivo de erradicar los abusos sexuales. Su política la expresó con enorme claridad: “Las heridas nunca prescriben” y “nunca desaparecen”, asique debemos decir “nunca más a la cultura del abuso”.
El Reverendo Luther King y colega Nobel decía: “La tragedia principal no es la opresión y crueldad de los malos, sino el silencio de los buenos”. Francisco, el Papa latinoamericano, nos propone un proyecto: un diálogo interreligioso para el cuidado de la casa común y el respeto por la dignidad humana. Por eso la Laudato Sí es la primera encíclica papal dirigida a toda la humanidad, no sólo a los cristianos. No nos quedemos en silencio. Hagamos lo que nos pide: Recemos por él. Y si alguno no puede rezar pero está de acuerdo con este proyecto humanista, puede hacer lo que pidió en Bolivia frente a los movimientos populares: “con todo respeto, les pido que me piense bien y me mande buena onda”.
El reverendo de la Iglesia Bautista de los EE.UU. y Premio Nobel de la Paz Martin Luther King fue asesinado en 1968 en el Lorraine Motel, de Memphis, a las 18.
Este 4 de abril se cumplieron 50 años de ese asesinato, que marcó a la humanidad. Quisieron silenciar la voz de quien defendió los derechos civiles de sus hermanos afroamericanos, frente a las injusticias y la discriminación imperante en los EE.UU., uno de los países más racistas del mundo. Hoy es necesario hacer memoria de su lucha, no violenta, en defensa de la dignidad humana amenazada por el racismo y la xenofobia persecutoria del gobierno de Trump.
Mientras usted lee esta nota, crece el muro de la infamia entre los EE.UU. y América latina. No es el único muro fronterizo en el mundo ni será el último, mientras no aprendamos que los muros más difíciles de derribar son los que están en la mente y el corazón. Que derribarlos está en la conciencia y valores del ser humano, en el saber de que todos y todas somos diferentes, procedemos de distintos países y culturas, idiomas, pero tenemos los mismos derechos, que deben ser respetados.
Hace algunos años estuve en el Lorraine Motel para visitar, meditar y orar en la habitación donde fue asesinado Luther King. Tuve presentes su espíritu y fe frente al drama de la humanidad, cuando afirmó: “Si el mundo termina mañana, igual voy a plantar mi manzano”.
Otro 4 de abril, esta vez del año 1977, regresaba del Ecuador y fui a renovar mi pasaporte al Departamento Central de la Policía Federal. Allí fui detenido y llevado a un centro de torturas porque las actividades no violentas de lucha contra las dictaduras latinoamericanas me habían ubicado en una lista de personas peligrosas para la dictadura argentina.
Era Semana Santa, fui encerrado en un “tubo”, un pequeño calabozo oscuro, maloliente, con una colchoneta en el piso, no sabía qué podía pasarme. Un compañero que me acompañó a la policía pudo avisar a mi familia y a las organizaciones nacionales e internacionales.
Transcurrieron horas interminables en el encierro. Golpeé la puerta del calabozo para poder ir al baño, un guardia la abrió, entró la luz y pude ver en la pared muchas inscripciones, nombres de seres queridos, insultos, oraciones. Me impresionó una gran inscripción de sangre de un prisionero en la pared… decía: “Dios no mata”.
Este 4 de abril se cumplieron 41 años de mi detención, que duró dos años y desde la cual viví el horror del poder de la dictadura militar que atentó contra mi vida en distintas oportunidades así como contra la vida de nuestro pueblo argentino, que dijo Nunca Más y que sigue luchando hasta el día de hoy para que haya Memoria, Verdad y Justicia.
Este mismo 4 de abril también tuvo como protagonista a un luchador no violento contra las injusticias. Un trabajador sindicalista que fue preso por la dictadura militar de su país, Brasil, luego presidente en dos oportunidades y recientemente acaba de sufrir un atentado contra su vida en el marco de una persecución política que lo lleva nuevamente a la cárcel por el accionar de castas neogolpistas.
No hubo delito cuando destituyeron a la presidenta Dilma Rousseff, la removieron por decretos publicados que ya habían sido usados por otros presidentes, no hay delito de Lula en la causa del tríplex, sin embargo lo inventaron para poder bloquear su candidatura presidencial, porque saben que gana en primera vuelta. No les conviene matarlo, no les conviene dejarlo libre, solo les queda criminalizarlo y encerrarlo por el simple pecado de haber sacado a más de 30 millones de personas de la pobreza y poner en riesgo los privilegios de los grupos de poder que se creen dueños de Brasil.
La lucha no violenta por recuperar los derechos de los pueblos continúa, no podrán acallar las voces de la resistencia ni la fuerza de la verdad, que derriba muros y nos llama a seguir plantando semillas de esperanza.
* Esta es la carta que presentaré al Comité Nobel en septiembre postulando a Lula al Premio Nobel de la Paz.
Eu sempre digo que a memória nos ajuda a entender o presente e a construir novos caminhos.
Como sobreviventes da ditadura militar na Argentina temos a responsabilidade de transmitir às gerações futuras não apenas o vivido durante esse período de terror, perseguição, desaparecimentos, exílio, prisão, tortura e modelo econômico neoliberal excludente, mas também a necessidade de entender porque se chegou nessa situação em que as liberdades democráticas dos povos foram submetidas pela violência e o totalitarismo foi imposto.
O que aconteceu na Argentina não foi um fato isolado no continente, onde a Doutrina de Segurança Nacional dos Estados Unidos e a Operação Condor foram implementadas. Hoje, 42 anos depois do golpe militar, temos que analisar onde estamos, o que está acontecendo com as políticas de direitos humanos em nosso país e no continente.
Não é preciso uma leitura muito aprofundada para ver sérios retrocessos impulsionados pelo atual governo argentino: eles fecham escolas, desmontam hospitais, aumentam a inflação, as demissões de trabalhadores/as, aumentam a pobreza e a fome agora e no futuro porque nos estão endividando no exterior a níveis insustentáveis como continuadores do mesmo modelo neoliberal da ditadura.
Antes do aumento lógico dos conflitos sociais, a resposta foi incentivar mais repressão das forças de segurança, e mais perseguição e encarceramento político dos opositores por pensar de maneira diferente, como denunciaram a ONU (Organização das Nações Unidas) e a OEA (Organização dos Estados Americanos), e acaba de denunciar a Anistia Internacional. Como se isso não bastasse, eles têm criado a “doutrina Chocobar” de matar primeiro e perguntar depois, e continuam insistindo em dar o beneficio da prisão domiciliar aos condenados por crimes contra a humanidade como Astiz e Etchecolatz. Parece que, para este governo, a vida não vale, ou pelo menos, a vida de alguns.
Eu poderia continuar apontando as violações dos direitos humanos e dos povos feitas pelos governo nacional e os provinciais, mas o principal é que depois de muito tempo conseguimos juntar critérios, vontade e força para enfrentar a violência do Estado e a perda de direitos do povo.
Precisamos da unidade na diversidade, deixar de lado os partidarismos medíocres e procurar o consenso de todos os setores sociais, políticos, culturais e religiosos. Precisamos construir mais espaços para reflexão crítica e construção social, para conhecer o país que queremos e para onde estamos indo.
O desafio é grande, pensando no que acontece no continente. Os golpes de Estado estão avançando na região com novas modalidades: golpes parlamentares, judiciais e midiáticos. Estamos vivendo um processo de recolonização contra a qual devemos resistir, gerando mídia alternativa para enfrentar a imprensa canalha que procura denigrir e acusar os opositores sociais, sindicais, políticos para justificar um sistema de dominação.
Tenhamos em mente que a democracia e os direitos humanos são valores indivisíveis. Se os direitos humanos forem violados, as democracias serão enfraquecidas e o caminho para o totalitarismo será aberto. Temos pela frente desafios para superar e construir um novo amanhecer para o nosso povo. Não vamos esquecer o que semeamos.
Esse 24 de março nos mobilizamos por mais Memória, Verdade e Justiça, porque são 30 mil mortos, foi um genocídio e dizemos Nunca Mais.
O autor é Nobel da Paz de 1980 e presidente do Servicio Paz y Justicia.
En el marco del encuentro internacional sobre desarme titulada “Perspectivas para un mundo libre de armas nucleares y para un desarme integral” que organizó el Vaticano el 10 y 11 de noviembre de 2017, que reunió a 11 Premios Nobel de la Paz, el Premio Nobel argentino, Adolfo Pérez Esquivel, expuso ante la audiencia su mirada sobre la temática desde una perspectiva latinoamericana. Aquí el resumen de su discurso:
Estamos frente a grandes desafíos en el siglo XXI. El fin de la guerra fría parecía ofrecer la posibilidad de una significativa reducción de los gastos de defensa, que podían eventualmente ser usados para la reestructuración de un orden internacional más equitativo entre los países del Norte, capitalista desarrollado y los países del Sur subdesarrollo y dependiente.
Una visión idílica e ingenua del proceso de globalización auguraba que los procesos de integración de bloques regionales tendían a desactivar viejas amenazas e hipótesis de conflictos, hecho que favorecía la reducción de los gastos en defensa y en particular de los destinados a la producción de armamentos.
El nuevo orden internacional, o mejor dicho el orden de injusticias institucionalizado, ha generado un contexto de mayor incertidumbre y de menor capacidad de regular conflictos nacionales y regionales que pueden detonar y en muchos casos derivaron en intervenciones militares lideradas por las grandes potencias.
Las intervenciones militares contra Irak permiten evaluar las injerencias de las grandes potencias en la destrucción de un país. He estado en Irak después de la operación Tormenta del Desierto y he visto en refugios antiaéreos las imágenes de población civil que fueron desintegradas por misiles y sus sombras quedaron impresas en las paredes.
Fueron bombardeos perpetrados en nombre de la “democracia”, al igual que en la ex Yugoslavia y en Afganistán, donde incorporaron en la construcción de las bombas, uranio empobrecido que tiene un impacto residual prolongado en el tiempo y generan un alto impacto en la salud y un daño ecológico irreversible. La prohibición de armas con uranio empobrecido es todavía un tema pendiente.
Ciertamente que los regímenes dictatoriales preexistentes a dichas intervenciones eran objeto de fuertes cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos, pero dicha situación no justifica las invasiones militares y menos el uso de esos escenarios bélicos para el desarrollo de armamentos con poder cada vez más destructivos.
Los gastos en defensa se han incrementado, y los crecientes déficits fiscales y las crisis financieras no han tenido mayor impacto en afectar esa progresión. Esto no es casual, las ganancias obtenidas del sistema financiero y productivo se derivan en gran medida al sistema tecnológico militar, la industria bélica y la carrera armamentista, no va al desarrollo y la distribución de ingresos. El armamento nuclear refuerza esta lógica y hoy tenemos un panorama cada día más preocupante. Bien lo expresó el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Sí, al referirse al conocimiento y el poder que adquieren ciertas tecnologías, como la nuclear, que otorgan “ un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo”
Las expectativas de integración y cooperación económica que impulsarían los procesos de globalización terminaron evidenciando su verdadera faz en la defensa de la tasa de ganancia de las transnacionales. La libertad de comercio, la apertura económica, vinieron así aseguradas por el expansionismo militar, y al crecimiento geométrico del gasto en la carrera armamentista, en desmedro del bienestar de los pueblos.
¿Qué podemos hacer frente a esto?
En el terreno de la denuncia y movilización internacional, urge fortalecer en las luchas actuales una perspectiva de reducción de la producción de armamentos y de los gastos militares.
Hoy los organismos multilaterales de regulación, o no existen, como en el caso de las finanzas, o son débiles o insuficientes, como en los sistemas de seguridad, como para resolver conflictos. El desafío para prevenir y resolver las causas de viejos y nuevos conflictos, es avanzar en el desarme de la injusticia. Para alcanzar ese objetivo, debemos construir coaliciones sociales con capacidad de incidencia institucional, para involucrar a los estados en construir un nuevo orden institucional internacional democrático, igualitario y justo.
El desafío de los organismos multilaterales es poder incrementar su capacidad de regular y resolver conflictos. Los tratados internacionales de control de armamentos, como el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), constituyen instancias de construcción de legitimidad internacional en favor de un mayor control, prohibición de armamentos, de progresivo desarme y uso pacífico de la energía nuclear.
Numerosos países suelen adherir a estos tratados que fijan un derrotero común a seguir, aunque en cierto momento presentan una suerte de a-mesetamiento y menor capacidad de regulación y resolución de problemas. En estos casos se presenta el desafío de reforzar iniciativas multilaterales y regionales que permitan modificar las percepciones de amenaza y favorecer estrategias de construcción de confianza mutua, que permitan avanzar en soluciones más de fondo. En este sentido, las iniciativas regionales han realizado aportes significativos, como es el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe -conocido como Tratado de Tlatelolco- que establece la desnuclearización del territorio de América Latina y el Caribe.
Las iniciativas por la declaración de “zonas de paz y libre de armamentos nucleares”, son parte integrante central de una estrategia global de lucha por la paz. Procuran favorecer la confianza mutua y la seguridad colectiva, de modo de evitar un escalamiento de la presencia de las grandes potencias en zonas pasibles de disputa hegemónica.
Quisiera señalar diversas iniciativas en la que participamos como fue la Comisión Sudamericana para la Paz, la Seguridad Regional y la Democracia, creada en abril de 1987 que tempranamente planteo la propuesta de crear una Zona de Paz en América del Sur.
Los gobiernos latinoamericanos impulsaron la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) que ha avanzado en la elaboración de políticas comunes de defensa y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), como organismos que hoy representan a “Nuestra América” para resolver conflictos e impulsar políticas comunes de desarrollo. De esta manera, en 2014, América Latina y el Caribe fue declarada como “Zona de Paz” en la histórica Declaración de la Habana de la CELAC, luego de fuera imposible realizarlo para todas las américas en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la Conferencia de Ministros de Defensa de las América del 2012, donde tanto Estados Unidos como Canadá, se opusieron a esta iniciativa.
Y esa oposición no es casual, el Reino Unido ha consolidado una base militar en las Islas Malvinas en el Atlántico Sur, que representa una presencia injustificada y desproporcionada extra OTAN que amenaza la seguridad regional. Esta amenaza es reforzada por la presencia de submarinos a propulsión nuclear, con capacidad de portar armamentos nucleares que violan tratados internacionales que establecen que esta zona debe estar desnuclearizada.
En suma, los tratados internacionales y regionales que postulan objetivos de prohibición de armamentos, desarme, zonas de paz, son instancias que disponen de un conjunto de instituciones y reglas, que aportan a “balizar” el camino para la resolución pacífica de los conflictos, no obstante presentan según los casos, debilidades y limitaciones en su capacidad para intervenir en la resolución de conflictos para que actores estratégicos con capacidad de incidencia y de veto, acepten participar en soluciones cooperativas y de desarme.
Frente a esta situación es indispensable el protagonismo de los Pueblos para reforzar el cumplimiento de esos Tratados, así como para ampliar e incorporar otras iniciativas complementarias y convergentes en favor de la paz, el desarrollo con justicia social y la democracia. Tenemos varias experiencias en este camino:
La Enciclica Pacem in Terris, del Papa Juan XXIII planteaba que: Los pueblos viven bajo el temor por las continuas guerras, conflictos armados en diversas regiones del mundo y el aumento de las armas nucleares que ponen en riesgo la vida de los pueblos y el sistema planetario y hace un llamado a la conciencia de los pueblos para exigir urgentemente “ que cese ya la carrera armamentista que, de un lado y del otro,- reclama que las naciones que las poseen las reduzcan simultáneamente, que se prohíban armas atómicas…” El Papa Juan XXIII señalaba esto en 1963, debemos preguntarnos que se hizo en estos años y donde está la humanidad en el presente.
El Foro Social Mundial, ha sido un faro para enfrentar las políticas neoliberales, los tratados de libre comercio y el accionar del sistema financiero internacional y las grandes corporaciones transnacionales, la carrera armamentista, todos ellos responsables del sometimiento y explotación de nuestros pueblos. Desde allí se gestó la esperanza de que “Otro Mundo es Posible” para el desarrollo de numerosos movimientos populares
Frente al desafío del cambio climático, existen instancias de coordinación como las que convocó el Estado Plurinacional de Bolivia, donde movimientos sociales de todo el mundo, explicitamos con claridad que el problema del cambio climático, es la vigencia de un sistema de expoliación y depredación que amenaza hoy la supervivencia del planeta. Está plataforma ha renovado esperanzas por el “Buen Vivir”, esto es otras formas de desarrollo adaptadas a nuestras realidades.
También podemos destacar las propuestas de las Centrales Sindicales del mundo, por la Democratización de la Energía, donde se avanza entre urgencias cada vez más crecientes, en el reconocimiento del acceso a la energía como derecho humano, a la vez de desarrollar fuentes alternativas de generación de energía limpias y renovables en la búsqueda de otros modos de producción y desarrollo.
La Campaña por la Abolición de las Armas Nucleares galardonada el presente año con el Nobel de la Paz de 2017, constituye un excelente ejemplo de una iniciativa gestada desde la sociedad civil, que articula con gobiernos dispuestos a liderar un Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Aunque los principales países que disponen de armamento nuclear se opongan a la prohibición, el Tratado señala el derrotero a seguir y contribuye a presionar para que avancen tratados multilaterales de reducción y supresión de estas armas de destrucción masiva.
Los pueblos tenemos nuestras instancias de diálogo y coordinación, podremos tener diferencias dada la pluralidad de expresiones que se manifiestan en las sociedades civiles de cada país, pero en general nos ponemos de acuerdo.
El desafío principal, es cómo potenciar formas de cooperación, iniciativas de desarme cuando las potencias dominantes no hacen más que provocar, herir y expoliar a los pueblos del mundo. Y en particular la principal potencia, EEUU a quien se le asigna el liderazgo del multilateralismo, aparece hoy día embarcada en iniciativas de provocación permanente y, diríamos en nuestro barrio, “pateando el tablero” de los organismos multilaterales para resideñarlos más aún a su imagen y semejanza.
Asistimos recientemente a una escalada de amenazas entre Corea del Norte y Estados Unidos. El preocupante desarrollo de armamento nuclear y misiles de largo alcance por parte de Corea del Norte, como la creciente intervención de EEUU en maniobras militares en la región asiática, ha llevado al actual presidente de los Estados Unidos a plantear la amenaza de destrucción total de Corea del Norte. Que la mayor potencia del planeta amenace con el exterminio de un país, representa una gravedad inusitada que altera y amenaza todo el orden de convivencia gestado desde Naciones Unidas.
Frente a esta situación varios Premios Nobeles hemos llamado al Diálogo pacífico entre los Estados Unidos y Corea del Norte, solicitando al Secretario General de las Naciones Unidas que se despliegue una estrategia proactiva de negociaciones, para trabajar en acuerdos de no agresión que congelamiento de ensayo nucleares y no realización de ejercicios militares, entre otras medidas que permitan construir acuerdos de paz y eviten escaladas de amenazas y agresiones.
El sistema multilateral presenta dificultades de regulación de los conflictos, cualquiera sea el tema que aborde. Las luchas por la protección de los derechos de las personas y de los pueblos, la defensa del medio ambiente, los procesos de desarme y la justicia requiere multiplicar del protagonismo de los pueblos en todos los terrenos posibles. Los resultados no están asegurados, pero si no lo intentamos podemos terminar siendo cómplices de un orden globalizado que bajo nuevos ropajes persiste en mantener un desorden de injusticias institucionalizadas. Los desafíos hacia dónde va la humanidad está en la decisión de los pueblos en dejar de ser espectadores y asumirse como protagonistas y constructores de su propia vida y de su propia historia.
En base a las pruebas que constan en la investigación judicial, la Fiscalía Federal de Esquel solicitó que se cambie la carátula de la causa Santiago Maldonado a desaparición forzada. La decisión del Ministerio Público Fiscal reconoce que la principal hipótesis de la investigación apunta a la responsabilidad de la Gendarmería en la desaparición de Santiago tras la represión del 1 de agosto a la lof de Cushamen.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sostuvo desde el primer momento que se trataba de una desaparición forzada, así lo hizo en el habeas corpus presentado a las pocas horas de conocer el hecho. En este sentido, vuelve a exigir que se tomen las medidas necesarias para avanzar en esa línea de investigación.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) destaca la decisión de la Fiscalía Federal de Esquel de solicitar la recaratulación del expediente judicial por el delito de desaparición forzada de Santiago Maldonado. Este pedido venía siendo requerido por la CPM, como querellante en la causa, y por la familia de Santiago. El cambio en la calificación legal reconoce, al mismo tiempo, la única hipótesis que viene conduciendo toda la investigación judicial: la Gendarmería es responsable de la desaparición de Santiago Maldonado.
El comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal confirma que “se continúa investigando la desaparición forzada de Santiago Andrés Maldonado ocurrida el 1º de agosto”. Y agrega: “La gravedad del caso relativo a la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal” obliga a tomar las medidas necesarias para determinar la responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables de su desaparición.
Santiago Maldonado fue desaparecido tras la brutal represión de Gendarmería en la Lof de Cushamen; los testigos afirman que Santiago fue golpeado por gendarmes y trasladado en una camioneta de esa fuerza federal. Desde el primer momento, la CPM denunció la responsabilidad de la Gendarmería en el hecho y, a las pocas horas, presentó un habeas corpus por desaparición forzada.
Ese mismo habeas —y otros que se fueron agregando— dio origen a la investigación judicial que, bajo el expediente N 8232/2017, se había iniciado con la carátula de “averiguación de delito”. La resolución de la fiscal Silvina Ávila reconoce que, las pruebas que constan en el expediente, apuntan hacia la desaparición forzada como única hipótesis.
Ahora, con el cambio en la calificación legal, se hace aún más urgente e imprescindible concentrar y maximizar los recursos judiciales para avanzar en esa línea de investigación. En este contexto, la fiscalía también comunicó que ya ordenó “medidas de georreferencia tendientes a ubicar a la víctima y a cada uno de los vehículos que pertenece a la fuerza [Gendarmería]”.
En esa misma línea, la CPM vuelve a reclamar que se avance en la identificación, secuestro, y peritaje de las armas que fueron utilizadas en la represión del 1º de agosto, en las pericias sobre la totalidad de los sistemas de comunicación de Gendarmería y que se investiguen las cámaras de seguridad y videos filmaciones de la zona.
Con la resolución de la fiscalía, y teniendo en cuenta las pruebas del expediente judicial y el pedido de las querellas, la CPM espera que el Juez Federal Guido Otranto decida finalmente el cambio de carátula.
Testimonios confirman que fue llevado por Gendarmería Nacional
Aparición con vida de Santiago Maldonado fue el reclamo unánime y desesperado durante la conferencia de prensa realizada hace minutos, que fue convocada de manera urgente por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y familiares y amigos del joven desaparecido, y que acompañaron organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.
Santiago fue visto por última vez el martes pasado durante la represión de Gendarmería en la lof de Cushamen, en Esquel. Cada vez más testigos confirman que el joven fue cercado por agentes de Gendarmería, golpeado y trasladado en una camioneta. La CPM presentó un habeas corpus por desaparición forzada antes el juzgado federal de Esquel y hoy envió una carta al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“La desaparición de Santiago es responsabilidad de los gobiernos nacional y provincial, quienes tienen que responder de manera urgente sobre su desaparición y garantizar su aparición con vida”, señaló el presidente de la CPM, Víctor Mendibil. Y agregó: “Hay fuertes indicios de que Santiago fue cercado por agentes de Gendarmería y trasladado en una camioneta; desde entonces no sabemos nada más de él”.
Santiago Maldonado está desaparecido desde hace tres días, tras la brutal represión de Gendarmería en la lof de Cushamen en Chubut. Las fuerzas federales ingresaron ilegalmente al predio recuperado por la comunidad mapuche disparando balas de goma y destruyendo todo a su paso. Cuando intentaba escapar de la represión, Santiago fue alcanzado por un grupo de gendarmes que primero lo redujo en el suelo y después lo subió a una camioneta blanca.
“A mi hermano lo llevó Gendarmería y ahora dicen que no lo tienen detenido en ningún lado. Nosotros creemos que la situación es muy clara: a Santiago lo torturaron y lo descartaron o lo tienen encerrado y están esperando que las marcas de la violencia se pierdan para largarlo”, señaló Germán Maldonado. “Queremos que aparezca con vida y tenemos el derecho a saber la verdad. Necesitamos que hoy mismo el Estado nos dé una respuesta”, resumió.
Junto a los familiares y amigos de Santiago, también acompañaron integrantes de la CPM -Roberto Cipriano García, Ernesto Alonso, Susana Méndez y Sandra Raggio, directora general- y representantes del CELS, la APDH y la Liga por los derechos del hombre. También acompañaron Rosa Bru y Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga. La conferencia de prensa se realizó en la sede de la Federación Judicial y Hugo Blasco, su secretario general, acompañó la iniciativa.
Tanto la familia de Santiago como los organismos de derechos humanos destacaron que su desaparición se da en el marco de la creciente criminalización, persecución y represión de la comunidad mapuche. Lejos de los discursos que lo señalan como un activista o terrorista, Santiago era un viajero que había llegado el lunes a Chubut y se había solidarizado con la lucha de la lof de Cushamen, que viene reclamando por sus derechos ancestrales. Hacía sólo 24 horas que estaba en Esquel.
Por el habeas presentado por la CPM esta mañana se realizó una audiencia en el juzgado federal de Esquel, a cargo del Dr. Otranto, con presencia de representantes de Gendarmería que manifestaron no tener conocimiento del paradero del joven ni de su detención. Dada la gravedad de la situación y frente al preocupante silencio oficial, la CPM envió una carta abierta al presidente de la Nación, Mauricio Macri, reclamando la intervención del Estado y la aparición con vida de Santiago Maldonado, el cese de la criminalización, persecución y represión del pueblo mapuche, y el reconocimiento de sus derechos ancestrales.
En esa misma nota, la CPM denuncia además las recientes declaraciones públicas de Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde justifica el accionar violento y represivo de la Gendarmería contra la comunidad mapuche y acusa de terrorismo, entre otros, al presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel.
El gobierno ha iniciado una campaña de desarmar la política de DDHH. Empezó con funcionarios que cuestionaban la cantidad de desaparecidos y muertos por la dictadura militar, afirmando que el número de desaparecidos era menor, es decir, hicieron que el problema sea poner en duda a los millones de argentinos que decimos que son 30 mil y no el plan sistemático regional de exterminio que afectó a todo el pueblo y a la humanidad.
¿Acaso alguien cuestiona que en los campos de concentración nazi murieron seis millones de judíos? ¿Quién cuestiona que el genocidio armenio cometido por las tropas turcas asesinó a un millón y medio de personas? Sólo los nazis, sólo el Estado turco.
Los desaparecidos son los ausentes siempre presentes. La desaparición es un delito de lesa humanidad que no deja de transcurrir hasta que no aparezcan las personas ausentes. ¿Quién explica a las madres y familiares víctimas de la represión que los genocidas reciban beneficios, cuando hasta la fecha ni siquiera hay arrepentimiento por los crímenes cometidos y no dan información alguna sobre el paradero de sus seres queridos?
La Corte Suprema ha justificado lo injustificable para beneficiar a los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad. Por tres votos contra dos, equipararon los crímenes de lesa humanidad con delitos comunes para reducir sus penas. La paradoja es que para los detenidos por estos delitos comunes, no se otorgan los mismos beneficios. Y en paralelo se endurecen las leyes penales y de ejecución para que permanezcan más tiempo detenidos, sosteniendo el discurso de mayor seguridad. Se parte del supuesto de que los represores en libertad, no afectarían la seguridad. No olvidemos la desaparición de Jorge Julio López y las amenazas y hostigamientos a los testigos de los juicios.
Toda persona que cumple una condena por delitos cometidos, debe ser tratado humanitariamente y darle todas las garantías dentro del marco de las leyes vigentes en cada país. Pero eso no significa reconciliación, ni mucho menos que el Estado les brinde beneficios por los peores crímenes cometidos en la historia de nuestra nación.
Ya de por sí se alojan en pabellones “vip” en mejores condiciones que los restantes detenidos, y son tratados de manera preferencial con regímenes permisivos, acceso a visitas especiales, computadoras y celulares. Gran cantidad de jueces les otorgan arrestos domiciliarios ante enfermedades leves o afectaciones menores, mientras que pocas veces otorgan la domiciliaria a presos comunes que padecen gravísimas enfermedades y mueren en la cárcel. La desigualdad ante la ley es muy clara.
La cúpula de la Iglesia Católica argentina, que tuvo en muchos de sus exponentes jerárquicos una activa complicidad con la dictadura genocida, ha impulsado en varias oportunidades iniciativas tendientes a asegurar la impunidad de los represores, como la llamada “Ley del Olvido”, señalando que el pasado fue doloroso, pero hay que mirar para adelante y pensar en la reconciliación. Hoy vuelve a plantear la reconciliación, que lejos de su concepto doctrinario, no tiene otro sentido que favorecer el retroceso en materia de juicios de lesa humanidad y resulta altamente funcional a un gobierno neoliberal que procura desdibujar las políticas de memoria, verdad y justicia por las que nuestro pueblo ha luchado durante años.
Pero no basta con decir a la sociedad que todo es un hecho doloroso y que hay que mirar hacia adelante. Lo que se siembra se recoge, no hay otra alternativa. Todos y todas queremos cerrar las heridas pero no de cualquier forma y a cualquier precio. No hay reconciliación posible sin siquiera reconocimiento de las culpas, arrepentimiento y perdón, por eso la reconciliación no es ni será posible con los represores argentinos. La reconciliación no es el olvido, ni impunidad. El derecho es a la Verdad, la Justicia y la Reparación del daño hecho. En este caso concreto saber, dónde están y que hicieron con los desaparecidos o sea, que las Fuerzas Armadas y de Seguridad, rompan su pacto de silencio, esa suspensión de conciencia que los lleva a la complicidad colectiva.
El Papa Francisco está colaborando con la desclasificación de archivos del Vaticano sobre lo ocurrido en la dictadura, porque sabe que no existe reconciliación, no existe paz sin justicia. Queda mucho camino por delante, y desde que asumió el gobierno de Cambiemos sólo ha crecido el negacionismo del terrorismo de Estado, el fortalecimiento de la autonomía de las Fuerzas Armadas, de seguridad y de los organismos de inteligencia, la violencia institucional, la persecución política, así como también han empeorado todas las áreas vinculadas a la justicia social que nos permiten pensar a los Derechos Humanos desde una perspectiva integral y no sólo acotados a un período histórico determinado. No es casualidad que los dos jueces que propuso este gobierno para la Corte Suprema hayan votado a favor de estos beneficios a los represores, de esta afrenta al pueblo argentino, equivalente a los indultos de Menem en los años 90’s. No es casualidad que esta misma nota haya primero solicitada y luego explícitamente rechazada por la agencia de noticias oficial de la República Argentina con el argumento de que “la agencia decidió no sacar opiniones sobre el tema del 2×1”. Los grandes medios de comunicación, de antes y de ahora, siguen jugando un papel central en legitimar u ocultar estas injusticias.
Frente a estas provocaciones hay que ser claros, responderemos como siempre lo hemos hecho con la movilización no violenta de nuestro pueblo, reclamaremos la vigencia vinculante de los fallos de la Corte Interamericana de DDHH como instancia internacional, pese al rechazo de esta Corte Suprema dependiente del poder ejecutivo.
Por tu testimonio de vida, de revolucionario, que fue construyendo nuevos paradigmas de sociedad para el pueblo cubano y Nuestra América. Tu voz resuena en el mundo.
Fuiste sembrando en las conciencias y voluntades de los pueblos caminos de liberación, seguro de que otro mundo es posible, libre de dominaciones.
Sembrastes la esperanza y resistencia revolucionaria en el corazón de los pueblos, trabajando con la paciencia de artesano, con la palabra y los hechos que marcan caminos y construyen un nuevo amanecer de derechos e igualdad para todos y todas.
La solidaridad del pueblo cubano en el mundo es ejemplo de humanidad. Cuba la gran Escuela de Medicina del mundo. Cuba la gran educadora del mundo en su lucha contra el analfabetismo que nos dice “Yo si puedo”. Cuba la gran misionera de vida en todos los rincones del mundo donde el imperio y las guerras llevan la muerte. Cuba la que enseña que la revolución es cultural, social y política.
El imperio intentó una y otra vez callar tu palabra, tus ideas, tus gritos de libertad, buscó quebrar la revolución recurriendo al bloqueo, que aún permanece y daña al pueblo cubano ofendiendo a todos los pueblos del mundo. El imperio fracasó y tuvo que beber su derrota. No pudo con el pueblo cubano porque la libertad, la dignidad y el espíritu revolucionario no se compra ni se vende.
Partes a tus 90 años, la vida física es finita, pero siempre vivistes como si fueras eterno y es ahí donde tu pensamiento y testimonio de vida permanecen en la conciencia y vida de los pueblos.
Nunca olvidaré nuestras charlas hasta las tres de la mañana ni las movilizaciones a las que me invitaste a recibir el calor del pueblo cubano. Nunca olvidaremos tu ejemplo. Querido hermano Fidel y pueblo cubano, gracias! su lucha permanece en la vida de nuestros pueblos.
Parece mentira, pero los argentinos hace seis años que no tenemos Defensor del Pueblo.
Las organizaciones sociales desde siempre venimos defendiendo las causas populares con mucho esfuerzo, y así lo seguiremos haciendo, pero resulta inaceptable que los representantes electos por el pueblo no le den al pueblo argentino una herramienta institucional tan importante como la del Defensor.
Valdría la pena preguntar si alguno cree que en el país no hay vulneraciones a los derechos humanos, que no hay problemas con la vivienda, con la educación, la salud, con los servicios públicos, con la libertad de expresión, con el empleo, con los pueblos indígenas, el medio ambiente, con la identidad y la privacidad, o con la violencia institucional.
No sólo hemos llegado al punto de que la Corte Suprema de Justicia tenga que exigirle al Congreso cubrir esa vacante, sino que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también instaron al Estado argentino a que designe al Defensor del Pueblo o, en otras palabras, a que respete su propia Constitución.
No se trata de un capricho, esta institución tiene mucha importancia porque posee legitimación procesal para presentarse en sede judicial en defensa de los pueblos afectados por los derrames de la megaminería, por la contaminación de los agrotóxicos, para defender los derechos de los niños, los abusos de las empresas de servicios y para defender el derecho a la tierra, techo y trabajo; entre otros tantos temas apremiantes.
Así como lo exigimos cuando la mayoría parlamentaria era del peronismo, también lo exigimos ahora: los argentinos tenemos derecho a un Defensor del Pueblo que colabore activa, autónoma e independientemente en la promoción y protección de nuestros derechos fundamentales. Y más aún en la actual situación que vive el país, donde la gestión de Cambiemos está haciendo crecer a niveles exponenciales el endeudamiento, el desempleo, la pobreza y la indigencia.
Sin embargo, cubrir la vacante no es suficiente, porque el cargo no puede ser para cualquiera. Por este motivo, 55 organizaciones adherimos a la campaña para exigir al Congreso Nacional que la elección involucre un mecanismo participativo, que garantice que el/la nuevo/a Defensor/a reúna las condiciones de idoneidad técnica y moral, independencia de criterio y compromiso en la defensa de los derechos humanos (ver www.acij.org.ar).
Lamentablemente la actual Ley 24.284 sólo exige que los candidatos sean argentinos y tengan más de 30 años. No exige audiencias públicas, ni concursos, ni establece mecanismos de impugnación, es más, permite que el cargo se elija a espaldas del principal interesado: el pueblo.
Por eso nos alarma escuchar los nombres de algunos/as de los candidatos/as en danza. Muy pocos conocen el país, tienen diálogo con distintos espacios políticos, idoneidad técnica, una trayectoria intachable y un perfil independiente del actual gobierno.
Así como también nos alarma el desfasaje de la actual normativa con las atribuciones que este organismo necesita para cubrir las necesidades de la Argentina, ya que el Defensor no tiene permitido ejercer control sobre el Poder Legislativo, el Judicial, ni sobre los organismos de defensa y seguridad.
Por eso creemos que la Defensoría no puede tener una normativa desactualizada con respecto a la Argentina actual, ni tampoco se la puede tratar como un puesto más para “repartir”, como si fuese una presidencia de comisión. Esperamos que los representantes en el Congreso tengan la sensatez de garantizar que el nuevo Defensor/a no nazca de un mero intercambio de acuerdos palaciegos a puertas cerradas, sino que sea legitimado/a por el pueblo para recuperar y fortalecer sus funciones sociales.
