Parece un tanto exagerada la apreciación del título, pero en estas cosas, acorde a la historia política del sector social que nos gobierna (grandes empresarios) y a algunas señales y medidas del gobierno -no menores- que vienen apareciendo, bueno es empezar a alertarse. Como así también, por algunas apreciaciones del presidente dirigidas a las FFAA: “Hemos comenzado una nueva etapa en la vida de nuestro país, la cual impulsa dejar atrás enfrentamientos y divisiones; juntos tenemos enormes posibilidades de desarrollo….trabajando contra las amenazas del terrorismo”.
Por lo pronto digamos que la Doctrina de Seguridad Nacional, promovida en los tiempos de la guerra fría por los Estados Unidos (e inculcada a los oficiales de nuestras naciones, que en aquel país recibían instrucción) es una “concepción militar del Estado y del funcionamiento de la sociedad, que explica la importancia de la ‘ocupación’ de las instituciones estatales por parte de los militares; por ello sirvió para legitimar el militarismo surgido en los años sesenta en América Latina”. Conocemos bastante de eso los argentinos.
Dicha doctrina fue repudiada por amplia mayoría en nuestro país, a partir de la retirada de la dictadura y la llegada del gobierno de Raúl Alfonsín. Se produjo a partir de ese entonces y hasta la fecha un sistemático avance del control del poder político sobre las Fuerzas Armadas, para que estas dejaran de ser un instrumento de injerencia, presión y desestabilización política, como lo habían sido desde 1930 en adelante. No era posible construir una democracia sólida con los militares como un Estado dentro del Estado. Ni siquiera Menem, que estableció como se sabe “relaciones carnales” con Norteamérica, se animó a dar marcha atrás en esto.
Sin embargo, el derechista gobierno actual parece ser que si se dispone a desandar lo logrado en términos de independencia de los EEUU en cuestiones de militares y de seguridad. Como también en lo referido a no volver a recrear la autonomía de las FFAA del poder político; cuestión de muy trágica historia por estas tierras.
Por lo pronto, hay fundadas versiones -que el gobierno debería explicar- de que hubo ocho reuniones bilaterales de alto nivel, casi secretas, posteriores a la visita de Obama, entre funcionarios de EEUU y Argentina. Se habrían discutido allí acuerdos que giran en torno a entrenamiento de militares argentinos en Estados Unidos; envío de soldados a misiones de paz, comenzando por Colombia; transferencia de datos satelitales sobre el espacio aéreo; monitoreo de instituciones financieras; intervención militar en la triple frontera y hasta la posibilidad de una base estadounidense en Tierra del Fuego.
A eso cabe agregarle que Leslie R. Caldwell, Procuradora General Adjunta de la División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, estuvo en nuestro país el 17 de mayo pasado. Se reunió con Patricia Bullrich y con los miembros de la Suprema Corte. Todo indica que se habló genéricamente de “cooperación bilateral en materia de seguridad”. En la reunión en la Corte, además de Caldwell, también estuvieron Steven Genevish, agregado de la DEA en Argentina, y Paul Bingham, de la oficina del FBI en Buenos Aires. Coherente esta participación de agentes de inteligencia norteamericanos, con la designación en responsabilidades de gobierno vinculadas a esas cuestiones, como también al frente de la mayoría de las fuerzas de seguridad nacionales (y de la CABA y la provincia de Buenos Aires), de personas con antecedentes de larga relación con la DEA y otras agencias de aquel país del norte.
Tenemos finalmente que en el día de ayer el presidente, a través del DNU 721, les devuelve a las Fuerzas Armadas la autonomía en la organización y dirección de cada fuerza y garantiza a los militares poder sobre ascensos, traslados y designaciones. Argumentando el Ministerio de Defensa que era un “reordenamiento administrativo”. Puso fin así Macri a una política de poner límites a los militares en todas esas cuestiones, que pasaron al poder civil, instrumentada por Alfonsín tempranamente, allá por 1984.
En resumidas cuentas, el gobierno de Cambiemos, fiel a una larga trayectoria de la derecha en la Argentina, comienza a tratar de revertir históricos logros de la democracia a partir de 1983. Una vez mas estrechan relaciones militares y de seguridad con los EEUU, ahora con el pretexto del “narcotráfico y el terrorismo”. Volvemos a enviar, para formarse, a nuestros oficiales a las academias militares yanquis. Abrimos nuestras cuestiones internas a las agencias de inteligencia norteamericanas. Les devolvemos autonomía del poder político a nuestras Fuerzas Armadas, para que reemprendan el nefasto camino de autogobernarse.
Como decimos mas arriba, bueno alertarse y alertar a la ciudadanía de ese rumbo por el que nos empieza a llevar, calladamente, el macrismo. Estrategia que tiene un conocido tufillo a la vieja Doctrina de la Seguridad Nacional. Aggiornada a los nuevos tiempos, pero con los mismos intereses por detrás.
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*Referente nacional del Movimiento Libres del Sur.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, “es un esclavo del sistema de dominación y del complejo industrial militar”, afirmó hoy el activista y académico argentino Adolfo Pérez Esquivel, ganador del Premio Nobel de la Paz 1980.
Pérez Esquivel dictó una conferencia ante más de 200 universitarios y público de la Universidad del Claustro de Sor Juana en Ciudad de México.
“Cuando a mí me preguntaron sobre Barack Obama, a quien también le dieron el Premio Nobel de la Paz -y no sé por qué-, le mandé una carta donde le digo: ‘Mira, me sorprendió que te hayan dado el Premio Nobel de la Paz, pero ahora que lo tienes trata de ser coherente y lucha por la paz’”, refirió.
Dijo que le pidió cerrar la cárcel de la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, terminar con las torturas a sospechosos, y retirar las tropas estadounidenses desplegadas en diversos países como se comprometió al ser elegido presidente en 2008.
Sin embargo, el presidente estadounidense, quien obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2009 “por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos”, no cumplió con lo que había ofrecido, dijo Pérez Esquivel, nacido el 26 de noviembre de 1931 en Buenos Aires.
“Pero ¿por qué? ¿Obama es un mal hombre? No creo que sea así. Puedo decir que Obama es un esclavo del sistema de dominación, es un esclavo del complejo industrial militar. No es un hombre libre”, añadió.
Durante su exposición, el activista habló de algunos de los problemas contemporáneos como la guerra, el hambre, el narcotráfico y la urgencia de crear una verdadera cultura de paz con base en la educación.
“Hoy la humanidad está en condiciones de superar el hambre, pero no lo hace porque para el sistema de dominación sobran las dos terceras partes de la humanidad. Estas dos terceras partes para los centros del poder no cuentan”, sostuvo el también arquitecto y escultor.
Por ello, añadió, “los pueblos se tienen que poner de pie, tomar conciencia de que si quieren la paz deben organizarse para defender y construir la paz; no hay otro camino”.
Sobre la guerra, expuso que es “la política del más poderoso contra el más débil, desde las guerras silenciosas hasta las guerras que cuentan con las más altas tecnologías”.
También destacó que muchos de los conflictos armados actuales son financiados por la droga. “Cuando los pueblos se asuman como protagonistas y empiecen a reclamar cambios, esa puede ser la diferencia. También hay que generar conciencia de que la droga no es una liberación, es una esclavitud”, dijo.
Indicó que en la actualidad “hay guerras silenciosas como la guerra del hambre, de la pobreza, de la exclusión social, y lógicamente hay grandes intereses económicos para muchas potencias”, y agregó que “para el complejo industrial militar la guerra es un gran negocio”.
“Son los traficantes de la muerte, necesitan de los conflictos para colocar su producción de armas. Ahí tenemos, por ejemplo, el conflicto en Irán, en África, la situación del Medio Oriente, la dictadura que tuvimos en América Latina, la guerra y masacre de Ruanda y el Congo, con más de tres millones de muertos”, abundó.
Finalmente, dijo desconocer si algún día el mundo va a vivir en paz, pero manifestó que “por lo menos tenemos que lograr situaciones de convivencia, de relaciones y abrir paso de diálogo, de formar conciencia en las escuelas, en las universidades”.
“Porque por más que haya leyes, decretos, pr
otocolos, si no se aplican, si no se hace conciencia con los valores en la vida de cada uno y de las sociedades, esto no va a cambiar”, acotó.
Pérez Esquivel, a quien fue concedido en Nobel por su labor de defensa de los derechos humanos, ha trabajado por esta causa en diversos países, “concentrando su labor en naciones latinoamericanas que han sido víctimas de la violencia ejercida por regímenes dictatoriales”, señaló la Universidad del Claustro de Sor Juana. (EFE)
Fuente: SERPAJ
http://serpaj.org.ar/noticias2.php?cat=7&sub=31&articulo=completo&art=266
Um documento preparado a pedido de congressistas de extrema direita dos EUA indica que o 7º Grupo de Operações Especiais conduziu operações militares em quase todos os países da América Latina em 2009.
Além de terem participado de uma operação-chave na desastrosa guerra contra as drogas no México, esses soldados altamente treinados também participaram de cursos de treinamento no Brasil, segundo reportagem do site Narconews, parceiro da Pública.
Um documento do Pentágono confirma que os EUA empregaram grupos militares de operações especiais no México, durante a escalada da guerra contra as drogas, que levou à morte de cerca de 40 mil pessoas desde 2006.
Os militares de operações especiais também atuaram na Colômbia, Equador, Peru, e em quase todos os países da América Central, vistos como fundamentais na política antidrogas promovida pelos EUA.
O briefing do Departamento de Defesa foi apresentado em Washignton em meados de maio de 2009 a um grupo de empresários e líderes políticos do noroeste da Flórida.
O documento, marcado “Não classificado/Somente para uso oficial” revela as 18 nações da América Latina onde os soldados do 7º Grupo de Forças Especiais [Airborne Green Berets] foram empregados no ano fiscal de 2009, que terminou em 30 de setembro de 2009. As operações incluíram 21 missões e 165 soldados.
Segundo o documento, membros do grupo foram treinados no Brasil, no Centro de Instrução de Guerra na Selva, próximo a Manaus.
O briefing que detalha foi tornado público por uma associação empresarial da Flórida que inclui empresas militares privadas. O grupo, chamado Economic Development Council for Okaloosa County (EDC), publicou no seu site o documento, apesar dele ser classificado como “apenas para uso oficial”.
O documento de briefing havia sido preparado pelo 7o Grupo de Forças Especiais a pedido de do deputado americano Jeff Miller, um republicado ultradireitista próximo ao Tea Party cujo distrito eleitoral, na Flórida, vai receber o 7º Grupo (que está sendo relocado do forte Bragg, na Carolina do Norte)
O documento também indica que uma unidade do 7o Grupo de Forças Especiais foi empregada no México em 1996 como parte de uma missão “anti-narcóticos”.
As revelações no documento são importantes porque até o momento nem o Pentágono nem o Departamento de Estado confirmavam que soldados de forças especiais americanos haviam atuado em território mexicano.
Isso porque a atuação direta de soldados americanos de operações especiais dentro do México traz um risco político, colocando em risco a vida desses militares caso sejam descobertos por cartéis do tráfico. A revelação também pode estremecer as relações com o presidente mexicano Felipe Calderón, cada vez mais criticado pela desastrosa política de combate ao narcotráfico.
O 7o Grupo de Forças Especiais tem atuado fortemente desde 1980 na América Latina, de acordo com o documento e também com outras fontes. Ele participou em numerosas missões de “contra-insurgência” na América Central e na invasão do Panamá, no final de 1989.
Também tem sido bastante atuante ao longo dos anos em missões de combate às drogas na Colômbia, Venezuela, Peru, Equador e Bolívia. Entre as operações mais notórias em que o grupo atuou está o resgate em julho de 2008 da política colombiana Ingrid Bittencourt e de três contratistas do Departamento de Defesa dos EUA, que estavam sequestrados pelas FARC.
A reportagem explicava que “a unidade americana Força Tarefa 7, desde o começo de 2009, de acordo com o agentes da CIA, ajudou a descobrir um depósito em Cuidad Juárez cheio de munições americanas que estava sob o controle de narcotraficantes; ajudou a providenciar inteligência que levou à invasão pela polícia mexicana de uma oficina ilegal em Juárez que produzia uniformes militares falsos; trabalhou com militares mexicanos para descobrir um cemitério clandestino perto de Las Palomas, México, cidadezinha próxima à fronteira, ao sul da cidade americana de Columbus, no estado de Novo Mexico. Além disso, nos bastidores, a Força Tarefa cooperou com militares mexicanos na busca de um chefe do narcotráfico, Arturo Beltran Leyva – que foi morto por forças especiais da marinha mexicana em dezembro de 2009 durante uma operação em um apartamento de luxo na cidade de Cuernavaca”.
A informação foi dada ao Narconews por um ex-agente da CIA, Tosh Plumlee, antigo piloto contratista que tinha grandes conexões com o mundo subterrâneo, com o intuito de proteger os membros da Task Force 7. Plumlee disse ao Narconews que os traficantes já sabiam que membros da força-tarefa estavam no país e por isso eles haviam se tornado alvos do tráfico. Contar à imprensa poderia protegê-los e forçar as autoridades americanas a buscar o alvo do vazamento da informação.
O organização WikiLeaks publicou recentemente um telegrama do Departamento de Estado dos EUA revelando que a unidade da marinha mexicana que conduziu as operações contra o “capo” Beltran Leyva “recebeu extensivo treinamento dos EUA” — mais uma evidência do envolvimento das forças especiais americanas na guerra às drogas no México.
O mesmo telegrama observa que o assassinato de Beltran Leyva iria, a curto prazo, levar a um aumento da violência relacionada ao narcotráfico “já que as batalhas entre os cartéis vão ser intensificadas pela falta de uma liderança em um dos cartéis mais importantes do país.”
No México, a guerra contra as drogas já levou à morte de mais de 40 mil pessoas desde 2006. Centenas de pessoas chegaram nesta quinta-feira, dia 9 de junho, a Cuidad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos, em protesto contra a violência gerada pela guerra.
A marcha, que percorreu 3.000 quilômetros, está sendo liderada pelo poeta Javier Sicilia, que perdeu seu filho junto com seis amigos em uma chacina no final de março deste ano.
A chacina aconteceu na cidade de Cuernavaca, próxima à capital – na mesma região onde o capo Beltran Leyva foi assassinado.
No Brasil
De acordo com o briefing, o Grupo de Forças Especiais participou de três atividades no Brasil em 2009. Primeiro foi a visita do chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, Almirante Mike Mullen, que visitou o país nos dias 2 e 3 de março para conhecer a estrutura de defesa de Amazônia.
Acompanhado pelo ministro da defesa Nelson Jobim, Mullen viajou em um avião da FAB até o Pelotão de Fronteira de Ipiranga, na divisa com a Colômbia.
No mesmo ano de 2009, dois soldados de Forças Especiais fizeram o treinamento de selva – os primeiros americanos a serem treinados no Centro em 10 anos. Um deles, o oficial Javier Alejandro, é descrito como “um oficial de Forças Especiais altamente treinado e com muita experiência” que fala português fluentemente e é membro do mesmo 7 Grupo de Forças Especiais, segundo um release do comando militar americano.
“Agora, 40 anos depois, a parceria entre os Estados Unidos e o Brasil completam o ciclo”, afirma o release.
Membros do 7o Grupo de Forças Especiais também participaram da competição Fuerzas Comando 2009, realizado em junho em Goiânia, que reuniu 300 militares altamente treinados de 21 países.
Cuando un volcán mata a los ciudadanos civiles en Indonesia, es una noticia internacional. Pero cuando el gobierno es el que realiza la matanza, lamentablemente no genera mucho revuelo, especialmente si un presidente estadounidense apoya la matanza tácitamente, como lo acaba de hacer Barack Obama con su visita a Indonesia.
Amy Goodman (*)
(Material da Agência Pressenza, Washington)
Mientras la gente que vive alrededor del Monte Merapi trata de salir de entre las cenizas tras una serie de erupciones que dejaron un saldo de más de 150 muertos, una nube más negra acecha a Indonesia en forma de apoyo renovado de Estados Unidos al tristemente célebre Kopassus, el comando de fuerzas especiales del país. Al tiempo que Obama aterrizaba en Jakarta esta semana, el periodista Allan Nairn publicó varios documentos secretos del Kopassus, que muestran el nivel de represión política violenta ejercida por este comando especial de las fuerzas armadas, ahora, por primera vez en más de una década, con el apoyo de Estados Unidos.
En marzo de este año, Nairn reveló detalles de un programa de asesinatos del Kopassus en la provincia Indonesia de Aceh. Estos nuevos documentos del Kopassus revelados esta semana brindan bastante detalle acerca de la provincia de Papúa Occidental. Como escribió Nairn en el artículo que acompaña los documentos, Papúa Occidental es “donde decenas de miles de civiles fueron asesinados y donde el Kopassus está más activo…Cuando Estados Unidos reanudó la ayuda al Kopassus en julio de este año alegó como fundamento la lucha contra el terrorismo, pero los documentos demuestran que el Kopassus de hecho persigue sistemáticamente a los civiles”. Según figura en los documentos del Kopassus, los civiles “son mucho más peligrosos que cualquier oposición armada”.
En uno de los documentos se hace mención a 15 líderes de la sociedad civil papú, todos ellos “civiles, comenzando por el principal referente del Sínodo Bautista de Papúa. Entre los otros hay ministros evangelistas, activistas, líderes tradicionales, legisladores, estudiantes e intelectuales, así como también figuras del establishment local y el presidente de la organización de Jóvenes Musulmanes de Papúa”.
El Presidente Obama vivió en Indonesia desde los 6 a los 10 años, luego de que su madre se casó con un ciudadano indonesio. Obama dijo en Jakarta esta semana: “Obviamente se ha dicho mucho acerca del hecho de que este momento marca mi regreso a donde viví de niño. …Pero hoy, como presidente, estoy aquí para centrarme no solo en el pasado, sino en el futuro, en la amplia asociación integral que estamos construyendo entre Estados Unidos e Indonesia”. Parte de esa relación implica el renovado apoyo al Kopassus, que había sido reiteradamente negado desde que las fuerzas armadas indonesias destruyeron por completo el territorio de Timor Oriental en 1999, entonces ocupado por Indonesia, dejando un saldo de más de 1.400 timoreses muertos.
Una serie de videos filmados con teléfonos celulares salieron a la luz pública en Papúa. Los videos muestran escenas de tortura en manos de lo que parecen ser miembros de las fuerzas armadas. En un video publicado hace apenas dos semanas, se ve que los soldados le queman los genitales a un hombre con una vara caliente, le cubren la cabeza con una bolsa de plástico para sofocarlo y lo amenazan con un rifle. Otro video muestra a un hombre papú morir lentamente de una herida de bala mientras el soldado que lo filma con su teléfono celular se burla de él, llamándolo “salvaje”.
Hablé con Suciwati Munir, la viuda del conocido activista de derechos humanos indonesio Munir Said Thalid, en la reunión de los ganadores del Premio Nobel Alternativo en Bonn, Alemania. Su esposo, un firme crítico de las fuerzas armadas indonesias, recibió el premio poco antes de su muerte. En 2004, mientras viajaba a Holanda por una beca para estudiar derecho, a bordo de la aerolínea nacional indonesia Garuda, lo pasaron a primera clase. Allí, le sirvieron té envenenado con arsénico. Murió antes de que el avión aterrizara. Suciwati tiene un mensaje para Obama:
“Si Obama tiene un compromiso con los derechos humanos en el mundo, en particular en Indonesia, tiene que prestar atención a la situación de derechos humanos en Indonesia. Y lo primero que debería pedirle al Presidente Susilo Bambang Yudhoyono es que resuelva el caso de Munir”. Le pregunté si quería reunirse con el Presidente Obama cuando viniera a Indonesia. Respondió: “Quizá sí, o quizá no. Quizá sí, porque quiero recordarle sobre la situación de derechos humanos en Indonesia. Quizá no, porque con la decisión equivocada que tomó ha perpetuado la impunidad en Indonesia”.
Se trata del tercer intento del Presidente Obama de visitar Indonesia. El primer intento no se concretó porque tuvo que quedarse en Estados Unidos para impulsar la reforma del sistema de salud. Su segundo intento de visita se canceló en medio del desastre del derrame de petróleo de BP. Esta vez llegó, a pesar de que la erupción del Monte Merapi lo forzó a irse algunas horas antes.
Desde Jakarta, el periodista Allan Nairn reflexionó: “Es bueno poder regresar al lugar donde uno se crió, pero no debería llevar armas de regalo. No debería llevar entrenamiento para la gente que está torturando a sus antiguos vecinos. Obama dijo en su conferencia de prensa que quiere acercarse al mundo musulmán. Dijo que hubo malentendidos y desconfianza. Bueno, una forma de comenzar a acercarse a los musulmanes, y también a los cristianos, los hindúes y los budistas en Indonesia, sería cortar todo el apoyo de Estados Unidos al ejército indonesio que ha matado a cientos de miles de civiles indonesios y a civiles del territorio anteriormente ocupado de Timor Oriental; y una forma de acercarse al resto del mundo musulmán es dejar de atacar a Afganistán y a Irak, detener los ataques en Pakistán, Yemen, Kenia, y en todas partes. Ese sería el comienzo de un verdadero acercamiento: poner fin a los actos criminales”.
(*) Amy Goodman is an award-winning investigative journalist and syndicated columnist, author and host/executive producer of Democracy Now! (www.democracynow.org)
Numerosos sites e blogs da Internet se caracterizam pela difusão permanente de mensagens de ódio, seja político, racial, ideológico, nacional ou de qualquer outra característica. Ao mesmo tempo, nesses sites abundam afirmações falsas ou distorcidas, que são mais do que difamações ou, mesmo, calúnias pontuais. Essas declarações formam um contexto de campanha de destruição moral de certas pessoas que eles consideram inimigas.
Não está em jogo a eventual ofensa ou injúria a alguém por lhe atribuir um ato que não cometeu, ou cujo cometimento não pode ser provado. Tampouco está em questão o direito de qualquer pessoa ou organização a manifestar seu desafeto, crítica ou repúdio por outros.
O que está em pauta é uma tendência sistemática a ofender, caluniar, ridicularizar, humilhar publicamente, expor ao ódio e eventualmente, incitar a ação física contra pessoas ou grupos cujas posições não coincidem com as desses sites.
O Ministério Público deve, como mínimo, acompanhar o funcionamento desses sites e blogues, e manifestar se considera ou não esses atos como atentado à dignidade humana e incitação à violência.
Análise do Contexto
O problema da liberdade de ação e de expressão é um antigo calvário da democracia, da estratégia de Direitos Humanos e do Direito em geral. Isso não significa que o problema seja impossível de resolver. Se chegar a uma solução parece difícil é porque há muitos interesses em jogo, por um lado; e, de outro, muitas pessoas se sentem amedrontadas.
A liberdade de ninguém deveria ser limitada quando é exercida no âmbito privado ou público, sem produzir danos nos Direitos Humanos básicos de outras pessoas. Entretanto, os sistemas de poder controlam a vida privada, os direitos reprodutivos e as opções sexuais das pessoas, que são atos privados sem qualquer efeito negativo sobre os outros. Por outro lado, limitam direitos de expressão que, sejam corretos ou grosseiros, não configuram ódio nem visam a destruição moral ou física de nenhuma pessoa ou entidade. Vejamos dois exemplos:
Em alguns países, como a Itália, existe ainda a censura medieval contra a blasfêmia. Recentemente, uma pessoa foi condenada por fazer pilhéria com o Papa. Em algumas sociedades com resíduo do stalinismo, como Cuba, pode punir-se a execração dos símbolos pátrios, e até as críticas ao governo.
Entretanto, sites, rádio, TV, jornais e outras formas de mídia podem, em algumas sociedades, publicar manifestos violentos, que cultuam o ódio de maneira sistemática, e geram um sistema de lavagem (ou, melhor dizendo, de poluição) cerebral, pudendo servir, em situações críticas, como faísca para atentados.
Um exemplo famoso é o sistema de Rádio e TV chamado “As Mil Colinas” de Kigali (Ruanda), que, desde 1993, transmitiu mensagens contínuos incitando ao ódio contra a nação Tutsi, e preparando o genocídio que custaria quase 1 milhão de mortos. Tanto o diretor da emissora como o de um jornal com tendência similar foram julgados por crimes contra a humanidade, após o fim do massacre.
É verdade que a emissora tinha uma audiência enorme, e seu impacto na sociedade era gigantesco. Entretanto, se é necessário um impacto enorme para deflagrar um genocídio, não é necessária uma penetração tão grande para incitar a um ou mais atentados, sejam morais ou materiais.
Observe as preocupações das Nações Unidas com este tipo de problemas aqui.
Não nego que o assunto possa ser complicado, porque nem sempre a linha que separa uma liberdade legítima de um crime humanitário pode ser traçada com precisão. Uma amostra dessa dificuldade foi apresentada pelo caso de Richard Warman no Canadá, onde um tribunal conservador considerou que a limitação às mensagens de ódio feria a liberdade de expressão. Veja isto aqui.
No Brasil, as campanhas de ódio parecem coincidir com certas propostas de alguns políticos que desejam introduzir censura na Internet. Não posso dizer se essas campanhas estão coordenadas, mas elas possuem um caráter semelhante. As campanhas de ódio e ameaças procuram intimidar e calar defensores dos Direitos Humanos, do sistema democrático, e de um sistema jurídico equânime e objetivo. Também visam semear o terror entre os pacifistas, os inimigos do militarismo, da tortura, da pena de morte e da justiça linchadora. Atribuem a figuras desconhecidas ou públicas, atos criminosos extremos ou, até, históricos forjados de graves delitos e atentados.
Por outro lado, as campanhas para censurar a Internet parecem orientadas a impedir legalmente a manifestação dessas pessoas. Mesmo que os autores de ambos os métodos (o terror midiático e a censura legal) não estejam combinados, seu efeito é notoriamente aditivo.
A grande mídia tem uma direção ideológica e contra os DH numa proporção muito alta (uns 95% ou mais). Por causa disso, pessoas que querem expressar-se contra a impunidade dos crimes militares, a favor do direito de asilo, em prol da paz, contra as provocações internacionais, etc., só podem agir por meio da pequena mídia alternativa e, de maneira massiva, pela Internet. Então, os grupos neofascistas no seio da sociedade usam dois caminhos:
1. Individualmente ou por grupos, criam sites e blogues desde os quais desfecham violentas propagandas de destruição moral.
2. Como isso pode não ser suficiente, visam estabelecer um método de censura, com um pretexto qualquer: até agora, o mais mencionado é o perigo de que hackers ataquem os bancos (!). Esta foi a justificação de um projeto proposto por um senador que parece liderar um esquema de corrupção e atualmente está sendo investigado.
Estamos, então, numa situação paradoxal. Opiniões e críticas objetivas (sejam certas ou erradas) sofrerão censura quando estas leis forem aprovadas. Por outro lado, os autores dessas críticas são ameaçados permanentemente por sites de ódio.
Apesar das polêmicas em torno do direito de opinião, ninguém pode negar que existem leis razoáveis que restringem certo tipo de transmissão por Internet. Por exemplo, existe censura contra a pedofilia, e até as comissões que lidam com esse problema concentram suas baterias na Internet, apesar de que os maiores e mais agressivos pedófilos atuam na vida real. Com efeito, enquanto setores de diversa índole tentam limpar a Internet de imagens ou textos de pedofilia, nada se faz contra a prostituição e escravidão infantil, permanentemente denunciada por ONGs de DH.
Se é possível impor certas restrições as transmissões por Internet, por que não é possível inibir ou, pelo menos, amenizar mensagens de ódio?
Possíveis Mensagens de Ódio
Não é possível saber o número total de sites gerados no Brasil que acolhem mensagens. Os seguintes são os mais conhecidos e os que possuem mais seguidores. A proporção dessas mensagens é diversa. Alguns, esporadicamente, publicam notícias falsas sobre atos de terrorismo ou crimes praticados por pessoas públicas. Ou atiçam rancor contra movimentos sociais, grupos intelectuais, etc. Outros, já possuem uma direção sistemática nessa direção. Podem parecer de baixo impacto se comparados com os dos militares argentinos, por exemplo, ou com grupos de ódio dos Estados Unidos (p. e., o novo Ku Klux Klan), mas seu conteúdo deveria ser monitorado.
Alguns deles não têm terminação que identifique o país, portanto, devem ser abastecidos por provedores dos Estados Unidos. Entretanto, o que solicitamos ao Ministério Público é uma primeira revisão do material desses sites e uma análise de sua índole.
Quero deixar várias coisas claras:
1. Existem alguns veículos da grande mídia (muito poucos, talvez dois ou três), que usam um estilo de ódio semelhante ao destes sites. Não acredito que eles tenham menos responsabilidade, mas esse é um fato mais complexo, e sou consciente das limitações do poder público, inclusive quando atua com as melhores intenções.
2. Não estou criticando a propaganda neofascista, desde que ela não se expresse em forma de ódio. Pode reconhecer-se o direito de uma pessoa a admirar o fascismo, mas não a fazer propaganda da eliminação física, do racismo, da “faxina” de pessoas de outras ideologias.
3. Pessoalmente, não estou afetado por mensagens de ódio. As mensagens desse estilo que recebo, deleto. Se aparecem em algum site, simplesmente ignoro. Nunca entro em polêmicas com inimigos explícitos dos DH. Entretanto, é justo pensar que outras pessoas zelam por sua segurança física e sua reputação.
Silvia Suppo de Destefanis, testemunha contra vários genocidas, foi assassinada ontem na Argentina
Argentina: Testemunhas contra Genocidas são Assassinadas
(O Caso de Silvia Suppo, 29 de março de 2010)
Carlos Alberto Lungarzo
Anistia Internacional (USA)
Reg. 2152711
A ditadura militar argentina de 1976, cujo 34º aniversário foi completado a semana passada, continua fazendo vítimas. Desde 1976, essa ditadura foi a sétima num país que só conheceu isso que chamam “democracia” por curtíssimos períodos e nunca de forma perfeita, e que apenas teve governos moderadamente enquadrados na lei desde 1983. Este começo de uma relativa democracia moderna (no estilo de outros países da região, como o Brasil), não foi um triunfo da classe política, que sempre foi conivente com o terrorismo de estado, mas por causa do fracasso dos militares na guerra de 1982, o que deixou seu governo em situação insustentável no cenário nacional e internacional.
É fácil demonstrar que essa ditadura foi o mais cruel e sanguinário processo autoritário em Ocidente (limitado a um país só; estou excluindo a Segunda Guerra Mundial), depois da ditadura espanhola, e acima de regimes como o de Pinochet e as ditaduras da América Central. Peço às organizações de Direitos Humanos que leiam este comunicado, que façam conhecer a notícia tanto como seja possível.
O Contexto Geral
Vejamos brevemente o histórico do problema. Segundo cálculos das organizações de DH, durante a ditadura argentina (e seu antecessor, o governo de Maria Estela Perón, viúva de Juan Perón) foram capturadas, seqüestradas e tornadas “desaparecidas” 30 mil pessoas, num país cuja população média no período 75-81 era de 30 milhões, configurando a taxa nunca atingida antes em Ocidente de 1% da população. Esse cálculo, tido como padrão, pode ser conservador, em minha opinião. Documentos chilenos recentemente desclassificados mostram que os militares argentinos tinham informado ao Chile em agosto de 1978, que os desaparecidos eram por volta de 22 mil. Observe-se que a ditadura durou até 1983, e que até 1981 continuaram praticando-se sequestros. Essa data está aquém do ponto médio do período agudo das capturas (1976-1980), o que faria pensar que pode ter existido uma quantidade similar no período seguinte.
Em 1983, Raul Alfonsín, membro de um velho partido de centro da Argentina (UCR), que representa sobretudo a classe média, e foi famoso ao longo da história por sua colaboração com golpes de estado e conspirações, ganhou as eleições para presidente. Alfonsín, o primeiro dirigente da UCR que não cultuava o típico estilo de caudilho urbano, pretendeu, com muito esforço, vender uma imagem de governo moderno e democrático.
Pressionado por vários governos (na Argentina foram assassinados cidadãos de 32 países, alguns realmente concernidos com os DH como Suécia) e por parentes e amigos de assassinados ou exilados (quase 10% da população), o governo se viu obrigado, a contragosto, a abrir uma investigação, onde o número de denúncias espontâneas de parentes das vítimas atingiu quase um 3º do número real de desaparecidos (Por volta de 9 mil em 1984). Isto é um número alto, se pensamos no clima de terror que assombra a sociedade desde pelo menos 1975, e a enorme quantidade de crimes políticos contra defensores de DH ou amigos das vítimas.
O processo de denúncias se tornou massivo e fugiu do marco puramente simbólico em que o governo e quase toda a classe política queria manter-lo. O assunto acabou na justiça, onde 9 comandantes (acusados de centenas de assassinatos comprovados, aplicação de tortura, sequestro, estupro, etc.) foram condenados a penas que iam desde prisão perpétua (Videla) até menos de 10 anos.
A própria dinâmica do processo conduziu às pessoas a continuar apresentando denúncias. Os poucos sobreviventes denunciaram a seus algozes, torturadores, carcereiros, etc. Em 1986, a lista de policiais e militares acusados de crimes que, se fossem punidos de acordo com a lei, teria prisão perpétua (uma pena que existe na Argentina).
Assustados pelo rumo que tomavam os acontecimentos, os políticos argentinos (salvo uma minoria de esquerda que constituía menos de 1% do parlamento) decidiram fechar o caso. Pode confundir o fato de que vários partidos de direita (como Justicialista, fundado por Perón) se opunham a anistiar os militares, mas isso era uma manobra para se opor ao governo e deixar este isolado, visando as próximas eleições. O peronismo e os partidos conservadores foram, salvo naquele momento, os que mais defenderam os militares.
Mas, o governo conseguiu passar duas leis nos meses seguintes: a Lei do Ponto Final, que fechava a recepção de novas denúncias, a partir de certa data, e a infame Lei deObediência Devida, que justificava quase todo tipo de crime (salvo estupro e registro de crianças seqüestradas, mas não assassinato e tortura), desde que o autor pudesse justificar que cumpriu ordens. Salvo o ditador maior em cada momento, qualquer outro poderia aduzir que cumpriu ordens.
Em 2005, depois de 20 anos perdidos, a justiça argentina considerou esta lei anti-constitucional e, por estímulo do governo Kirchner, começaram a ser retomados, lentamente, os julgamentos contra os militares, muitos deles na beira do túmulo depois de ter vivido 80 ou mais infernizando a sociedade. Não saberia dizer exatamente sem consultar alguma fonte, mas acredito que, nesse período, mais de uma dúzia de culpados, alguns de alta patente, foram condenados a penas maiores de 20 anos.
Há alguns anos, um senhor que tinha sido torturado pelos militares, e que declarou num processo em 2006, desapareceu bruscamente depois de depor contra um militar, que foi condenado. O governo Kirchner fez um grande esforço para encontrar o seqüestrado, e identificar e punir os culpados, mas foi inútil. O tecido social argentino está envenenado por décadas de delação, medo de militares e policiais, e viciamento com o terrorismo de estado. A tarefa de normalizar a sociedade será difícil.
A Causa Brusa
A repressão na Argentina teve muitas peculiaridades que não são encontradas nem mesmo nos piores momentos do nazismo. Uma delas é relevante aqui: a tendência do judiciário a tornar-se cúmplice de torturas praticadas por militares e policiais. A ditadura não precisou fazer uma substituição grande dos quadros judiciais, como na Alemanha, onde junto à justiça tradicional foi sendo introduzida, aos poucos, um estilo de justiça nacional-socialista. Na Argentina, o mesmos juízes convencionais tomaram depoimento e conduziram ou legitimaram inquéritos cometidos sob tortura.
Não foram raros os juízes torturadores em sentido estrito. Como os juízes têm uma extração social mais alta que policiais ou suboficiais militares, eles não queriam (nem precisavam) “sujar as mãos” utilizando máquinas de choque, canivetes, metais esquentados, etc., ou praticando estupros, mas assistiam aos tormentos, durante os quais ameaçavam às vítimas com suplícios ainda maiores. Também praticaram todo tipo de intimidação e tortura psicológica.
Um dos piores casos foi o de juiz federal VICTOR HERMES BRUSA, procurado pelo juiz espanhol Balthazar Garzón, um dos maiores heróis da defesa dos DH em Ocidente. Brusa operava em Santa Fé, no estado do mesmo nome, a uns 600 Km. de Buenos Aires, onde tomava declarações a torturados, mutilados, mulheres estupradas, depois de ter passado pelo sadismo da polícia, incluindo mulheres policiais. Brusa era membro permanente das equipes de tortura em dois centros de extermínio clandestinos naquela cidade e, embora não se tenha dito que aplicasse tortura física com sua própria mão, submetia as vítimas a tormentos psicológicos e ameaças, até obrigar-las a assinar depoimentos cujo conteúdo não podiam ler.
Para quem conhece a insanidade e barbárie superlativa do processo militar argentino, o caso Brusa não é dos piores. Nos locais onde ele colaborou na tortura desapareceram “apenas” algumas centenas de pessoas (não se sabe ao certo, mas são mais da metade das vítimas produzidas pela ditadura brasileira). Aliás, houve 18 que foram poupados e, embora muito torturados, foram mantidos vivos. Todos eles afirmaram que o juiz Brusa monitorava as torturas, “torcia” pelos torturadores e ameaçava às vítimas.
Argentina não podia extraditar a Brusa, que era requerido pela Espanha, por causa de uma lei infame e chauvinista que proíbe extraditar os nacionais (esta lei existe em muitos países), mesmo em caso de crimes contra a Humanidade. Entendo que o governo Kirchner propôs a anulação desta lei, mas não sabemos se teve sucesso.
No final de dezembro de 2009, o teratológico magistrado foi julgado na própria cidade de Santa Fé e condenado a 21 anos de prisão, uma pena não muito maior a que se aplica na Argentina a um crime comum como latrocínio. De qualquer maneira, foi um grande triunfo que o poder judicial condenasse a um de seus membros, algo que nunca tinha acontecido no país.
Em 1977, Silvia Suppo, então com 17 anos foi seqüestrada por uma gangue policial. A ditadura tinha lançado, em certas cidades, a palavra de ordem de deter e torturar os estudantes de certa faixa de idade (geralmente, entre 15 e 20 anos) que podiam ser suspeitos. Quando as pessoas não respondiam a uma tortura dura, porém reversível, a polícia deduzia que esse não era o que procuravam e podiam, em alguns poucos casos, deixá-la livre depois de algumas semanas de tormento, que foi o aconteceu com Silvia. Entretanto, isto não era o mais comum. A maioria era alvo de queima de arquivo.
Silvia foi sequestrada junto com seu irmão e um amigo, mas já antes desse fato, seu namorado tinha sido também vítima de sequestro policial/militar, e nunca reapareceu.
Silvia foi estuprada por seus captores e posteriormente submetida a um aborto. Em 2009, ela declarou este fato ao tribunal, o que foi um dos argumentos chaves para a condenação da eminência togada.
O Esfaqueamento de Silvia
Ontem, Segunda Feira 29 de março, Silvia foi atacada por pessoas não identificadas numa loja que possuía no centro da cidade da Rafaela, na Província (Estado) de Santa Fé. Eram as 10 da manhã, hora de máxima circulação na maior parte das cidades do país. Rafaela tem 84 mil habitantes, e forte movimento comercial, além de um patrulhamento policial intenso. Assaltar uma loja no centro sem que a polícia o perceba, no horário comercial, é muito difícil.
Ainda, SILVIA FOI ALVO DE 12 FACADAS QUE LHE PRODUZIRAM A MORTE.
Os atacantes roubaram também 10 mil pesos e objetos de ouro e prata, um fato que deu pretexto à polícia para considerar a hipótese e assalto com morte. É necessário ter em conta:
Rafaela não é uma cidade violenta, e assaltos com morte são quase desconhecidos na região.
Um assaltante usualmente usa arma de fogo curta para intimidar. Como em qualquer outro país do mundo, aquele que procura dinheiro não tem especial interesse em executar alguém. Aliás, a polícia não se preocupa em perseguir autores de assaltos pequenos; portanto, não faz sentido pensar que foi morta porque viu o rosto do assaltante.
Matar por facadas é uma forma extremamente cruel, usada por grupos parapoliciais e paramilitares para que sua vítima sofra o máximo. Em geral, estes grupos preferem seqüestrar a pessoa e submetê-las a torturas que produzam uma morte lenta durante vários dias. Neste caso, isso teria sido mais difícil pela grande movimentação que existe na cidade. Ou, talvez, simplesmente, os executores decidiram entre as duas alternativas a que parecia mais fácil.
Finalmente, o argumento do dinheiro roubado é ridículo. Os grupos parapoliciais que cometem crimes contra pessoas vinculadas a DH costumam a roubar qualquer coisa de valor que encontrem no local. Isso aconteceu muito durante a ditadura. Membros da polícia fizeram verdadeiras fortunas roubando os pertences de suas vítimas.
Não é uma maneira de camuflar o crime. Pelo contrário, os executores preferem que a sociedade suspeite que foi um “acerto de contas” para que outras testemunhas sintam medo.
Devido ao grande movimento da hora, algumas pessoas perceberam que um homem entrou na loja e fechou a porta.Entretanto, ninguém diz ter detalhes para o retratado falado do executor.
É quase absolutamente certo que o crime foi uma vingança pelo depoimento de dezembro, e uma ameaça contra possíveis testemunhas futuras.
Chamado às ONGs Brasileiras de DH
Sendo que no Brasil, os defensores de DH sofrem ataques (embora não nas áreas urbanas, como no caso de irmã Dorothy), e tendo em conta que as vítimas da ditadura fazem enormes esforços para vencer a criminosa impunidade que se pratica no Brasil, peço a todos os ativistas e organizações que se pronunciem solidariamente sobre este caso.
Peço que cobrem uma manifestação do governo e de outros organismos públicos, e que façam chegar sua preocupação ao governo argentino. Enfatizem o fato de que solidariedade e os direitos humanos são prevalências de nossa constituição e ultrapassar as fronteiras.
Silvia tem parentes no Brasil, que chegaram, como muitos outros, na época da repressão, mas não quero dar publicamente dados sobre eles, pelo menos, se não for autorizado por eles próprios.
Uma denúncia circunstanciada será enviada ainda hoje a nossa Secretaria Geral em Londres, e outra ao juiz Balthazar Garzón, um campeão internacional de DH ao qual se devem os processos contra os grandes criminosos de estado, incluindo Pinochet.
Síntese: Nesta segunda parte, aprofundamos os assuntos apresentados superficialmente na primeira. É necessário diferenciar entre os diversos tipos de crimes militares e a maneira de puni-los. Para que justiça não se torne vingança é necessário ter em conta os casos de arrependimento e a possibilidade de reconciliação. Entretanto, entre os quadros militares e policiais, na quase totalidade dos países onde houve crimes de lesa humanidade, desconhecem-se quase totalmente casos de arrependimento. Portanto, o objetivo das CVJ deve ser aplicar punições que mantenham a proteção sobre a sociedade, e contribuam a uma aprendizagem sobre o caráter negativo e desumano do militarismo. A sociedade deve estar alerta para repudiar as negociações e as barganhas em torno aos DH, bem como seu uso como moeda de troca no clientelismo eleitoral.
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5. Crimes Militares e Penas
A perversidade de igualar os eventuais crimes cometidos por resistentes contra a opressão (crimes políticos) com os crimes contra a humanidade, levou à Comunidade de DH de vários países a desiguais confrontos com gangues militares e policiais, magistrados subservientes e políticos corruptos. É por isso que o conceito de crime militar deve ser claramente definido. Em princípio, os crimes militares são aqueles que executam as forças armadas organizadas (oficiais ou paralelas), fazendo abuso de poder, garantindo auto-impunidade, e infringido sofrimentos aos “inimigos”, como parte do objetivo geral.
Tipos de Crimes
Um delito é uma violação de uma lei nacional, local ou internacional. O delito é considerado uma infração, quando, de acordo com o critério aceito na sociedade em que foi legislado, seu descumprimento não prejudica gravemente ninguém.
Já um crime é um delito que não pode ser ignorado e requer uma ação punitiva sobre o ator. O não pagamento de um tributo é uma infração, enquanto um assalto com armas é um crime.
Obviamente, estas divisões são arbitrárias e objetivam punir com maior força os delitos que prejudicam as classes mais altas. Assim, a sonegação de grandes tributos por uma empresa pode ser punida por uma multa apenas e, às vezes, até pode ser anistiada, como aconteceu várias vezes no Brasil com ruralistas e empreiteiros. O furto de um xampu mandou uma mulher carente ao xadrez por dois anos, onde foi torturada e perdeu um olho, tudo isso com o consenso do tribunal de São Paulo, conhecido por sua conivência com violadores dos Direitos Humanos, seu revanchismo e seu espírito inquisitorial.
Os crimes são qualificados como comuns, quando são executados (pelo menos em aparência) para a satisfação do lucro pessoal ou de grupos, ou com qualquer finalidade considerada “egoísta”. Apesar de sua subjetividade e nebulosidade, a idéia de crime comum serve como uma primeira aproximação para entender o que é um crime político e um crime contra a humanidade.
Um crime político é um ato que o sistema dominante qualifica como “crime” porque viola as leis que esse próprio sistema tem estabelecido para proteger seus membros. O mais típico “delito” político encontrado na história é a rebelião contra a tirania.
Apesar de que o termo sofreu algumas mudanças, esse conceito se reforçou depois da Segunda Guerra Mundial, quando era impossível ocultar que a rebelião contra a tirania era imprescindível para a dignidade das sociedades. Não teria sido possível ocultar, em 1945, apesar dos esforço das lideranças capitalistas para fazer-lo, que sem a rebelião dos povos invadidos pelos nazistas, estes não teriam sido derrotados. Apesar disso, os americanos impediram durante uma década a propaganda antinazista e até os filmes muito realistas sobre os crimes do 3º Reich. Eles não queriam alentar a consciência de que os povos que combateram o nazismo tinham o direito de fazer-lo. Queriam apresentar a derrota do como um mérito dos “bravos” militares aliados.
Nessa época, teria sido motivo de encrenca qualificar de terroristas os holandeses, franceses, dinamarqueses, gregos e outros que atacaram por todos os meios possíveis a ocupação nazifascista em seus países, usando até explosivos e fazendo voar residências de soldados, centros de armazenamento e outros objetivos. Mas os aliados tampouco queriam apresentar esses atos como provas de heroísmo. Logo que o perigo nazista contra os aliados ficou debelado (por volta de 1947), as forças capitalistas se concentraram na perseguição dos comunistas.
Apesar disso, depois de um exemplo tão marcante como o genocídio nazifascista, não é possível duvidar de que os “crimes” políticos são aqueles que se cometem contra os opressores, e não os abusos que os opressores cometem contra suas vítimas. Ninguém que não fosse nazista aceitaria que as sabotagens dos “maquis” ou dos guerrilheiros noruegueses eram crimes do mesmo tipo que os de Hitler. Ninguém pediu abertamente anistia para os membros do primeiro escalão das SS, apesar de que nas Américas (Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia) vários magistrados e políticos se pronunciaram (a boca pequena) pela necessidade de esquecer os crimes do Terceiro Reich.
A diferença entre crime político e crime de estado, ou seja, aquele praticado pelo opressor aproveitando sua vantagem, não é exatamente a mesma que a diferença entre “esquerda” e “direita”. Quando movimentos de esquerda tomam o poder e se transformam em governo, eles podem cometer crimes de estado, como aconteceu com Stalin. Mais raramente, um movimento de direita pode não ser terrorista nem opressor, mas apenas um grupo que se sente oprimido pela classe dominante e abraça uma rebelião contra ela. Por exemplo, os integralistas brasileiros, típicos fascistas, não cometeram só atos de terrorismo. Às vezes cometeram crimes políticos incruentos, como revolta contra o outro setor fascista: o que respondia a Vargas.
Mas, vejamos mais de perto os crimes contra a Humanidade. Um crime produzido pelo opressor é um crime de estado, porque a agressão do estado é sistemática e, ao usar poderes institucionais, está dando aparência de legítimos a seus crimes. Um opressor transitório (por exemplo, alguém que mantém um refém para consumar um roubo) não é um criminoso de estado. Seu poder é volátil, não possui imunidade, e seu crime, mesmo que seja “hediondo”, está isolado, nunca poderá servir de base jurídica ao sistema.
Há crimes de estado de diverso tipo. O crime contra a humanidade ou de lesa humanidade (introduzido para referir-se às atrocidades nazistas) propõe exterminar seres humanos quaisquer e não inimigos personalizados. Essas vítimas são definidas com base num atributo arbitrário: nacionalidade, etnia, religião, lugar geográfico, etc. Também, os alvos costumam ser pessoas desconhecidas que são eliminadas para produzir terror e demonstrar poder. De fato, os crimes militares de lesa humanidade, podem ser dirigidos a qualquer que não seja do próprio grupo de genocidas. Basta que as vítimas satisfaçam a necessidade mórbida dos carrascos e seu sacrifício possa ser exibido como exemplo.
Um caso típico, que até horrorizou os nazistas, foi o do exército espanhol até 1940, cujos soldados arrancavam as cabeças de prisioneiros árabes e as colocavam nas pontas das baionetas como enfeites. Na Argentina, nos anos 70, isto era mais difícil de fazer, mas o exército e a policia jogavam de vez em quando cadáveres mutilados nas ruas do centro de Buenos Aires, a altas horas da noite, para avisar ao povo que eles continuavam atuando.
A regra de não atacar os próprios camaradas nem sempre foi cumprida. Em 1979, conheci um oficial argentino que estava escondido em São Paulo e esperava uma oportunidade para pedir asilo político no Brasil. Pertencia a um grupo de extermínio, que ia ser integralmente “varrido” tipo “queima de arquivo” por seus superiores.
A diferença do crime de lesa humanidade do crime comum é que aquele está animado apenas pela necessidade de destruir, e não possui nenhuma motivação concreta (lucro, defesa, ciúmes, inveja, etc.). Tampouco é ocasional, mas é sistemático. Não se comete assumindo riscos contra a lei, mas protegido por ela. Unifica o ódio, o espírito de destruição com a covardia. Esse crime pode estar movido pela banalidade da vida humana, na forma em que é entendida pelos militares, e pela necessidade de satisfazer seu sadismo. (Entretanto, as elites políticas e econômicas o aproveitam com finalidades mais estratégicas: por exemplo, impor um plano social, como aconteceu com o neoliberalismo.)
Para os ortodoxos de qualquer religião, destruir os hereges é um fim em si mesmo: o objetivo é reduzir seu número. Implica, portanto, um claro confronto com o valor e os direitos da humanidade. Para os nazistas, o objetivo era destruir outras etnias ou comunidades: judeus, ciganos, marxistas, homossexuais, etc.
É curioso que os que “descobriram” os crimes contra a Humanidade depois de 1945, não ousaram reconhecer que as forças armadas em geral praticaram crimes de lesa humanidade desde o começo da história, salvo no caso de forças irregulares puramente defensivas (guerrilhas, milícias, etc.)
De fato, qualquer exército organizado possui um alvo que chama “o inimigo”. O objetivo é destruir esse inimigo. Metas como a rapina, a dominação econômica, o saqueio, são próprios das elites que instrumentam esses exércitos e os estimulam em nome de valores abstratos, como patriotismo ou fé. Mas, para os militares profissionais não políticos, a destruição do inimigo é a finalidade que dá sentido a sua tarefa.
Não apenas o genocídio ou o racismo são crimes contra a humanidade, mas, também a tortura. Este é um crime contra a humanidade nem sempre é massivo. Quando um grupo de policiais extermina habitantes de favelas, como acontece frequentemente no Brasil, pratica crimes massivos contra a humanidade. Entretanto, um policial que mata uma pessoa isolada, seja por acaso, por ódio, por descontrole, comete um crime comum. A massividade parece parte de definição de “lesa humanidade” no caso de genocídio.
Mas a tortura aplicada por agentes do estado, também é um crime de lesa humanidade, mesmo quando sua aplicação seja individual. O objetivo da tortura não é aleatório: faz parte de uma política geral de infringir dor e impor terror. É mais do que um método cruel de dominar um inimigo: é um exercício contínuo da crueldade, e faz parte da filosofia de grande parte de forças policiais e militares, não como um recurso involuntário decorrente da chamada “luta em quente”, mas um plano para catalisar o sadismo dos algozes.
Crimes Militares e Policiais
Os crimes militares são aqueles cometidos pelas forças armadas em seu intuito de aniquilar o inimigo, ou impor a este o máximo de sofrimento. Um militar pode cometer crimes comuns, que não estão incluídos nos crimes militares/policiais. É o caso de um oficial que atira sem refletir sobre uma pessoa desarmada, ou um soldado que arremessa uma granada, sem importar-se se ela pode atingir civis. Entretanto, embora estes são crimes comuns, é importante ter em conta que eles são possíveis porque existe um cenário de crime ontra a humanidade que torna aceitáveis esses atos. De qualquer maneira, o militar que comete um crime comum não pode ser tratado igual que aquele que comete um crime de lesa humanidade.
Os crimes militares são crimes contra a Humanidade exercidos pelos membros das forças armadas em suas atividades oficiais. Crimes cometidos por jagunços, policiais, pistoleiros, matadores pagos são crimes contra a humanidade, mas não são crimes militares.
Os crimes que padeceram os perseguidos políticos do planeta e, em particular, os da América do Sul durante as ditaduras, são inicialmente, crimes de estado. Dentro desta categoria, são crimes de lesa humanidade, e especificamente são crimes militar-policíacos.
Eles não têm as mesmas finalidades que os crimes políticos nem que os comuns. A brutalidade que os move é incorporável com as dos outros crimes. Seu impacto destrutivo, sua legitimação pelo estado, sua capacidade de propagação não admitem comparações com qualquer outro.
Portanto, crimes militares e policiais não podem ser julgados com os mesmos critérios que os crimes comuns, pois não são comuns.
Nenhuma gangue, mesmo a mais cruel e sofisticada, pode produzir 30 mil a 35 mil mortos em poucos meses, como fez o exército argentino. Os crimes militares não podem ser anistiados: devem ser apurados, investigados e julgados sob princípios do direito humanitário e não do direito comum.
Embora seja verdade que os julgamentos de Nuremberg foram arbitrários por vários motivos (procura de vingança e não de justiça, alarde do poder do vencedor, leniência com os que não ameaçavam o poder aliado), há vários elementos daqueles tribunais que devem resgatar-se:
O uso de leis e procedimentos especiais, não aplicáveis a crimes comuns.
A constituição de cortes especificamente destinadas a estes delitos.
Entretanto, essas cortes específicas não devem ser, sob qualquer pretexto, militares.
Objetivos da Punição
Para perceber claramente a necessidade de memória e justiça (incluindo, dentro da justiça, a punição que for razoável aplicar) deve ter-se em conta qual é, no direito humanitário moderno, o sentido de uma punição.
Contrariamente ao princípio clássico da vingança social ou da purificação teológica pelo castigo, no direito humanitário a reparação do crime (chamada, por causa do hábito, “punição”) não visa produzir sofrimento no autor do crime. A reparação deve cumprir três princípios:
A segurança da sociedade, mantendo o autor do crime afastado dela.
A re-socialização do criminoso.
A educação humanitária da sociedade, que deve aprender, quando à punição dos crimes de lesa humanidade, que o cidadão possui o direito de defender-se de novos crimes dessa natureza.
Atualmente, os países democráticos e desenvolvidos repudiam a pena de morte, com a exceção dos Estados Unidos e Japão. Aliás, em termos mais principistas, as execuções são aberrações do direito humanitário, que contribuem a exacerbar o sentimento de vingança o sadismo que possa existir nas sociedades. Não faz sentido perguntar-se “qual é o valor da vida dos genocidas”. Por exemplo, qual seria o motivo para defender a vida dos 10 maiores líderes das ditaduras latino-americanas argentina, aos quais se devem centenas de milhares de mortes e tormentos?
Se o problema fosse visto sob uma ótica transcendente, poderia argumentar-se que aquelas vidas foram dadas por Deus, e que, portanto, nenhum homem tem direito de extinguir-las. A “troca” dessas vidas pelos milhares de mortos sob condições de inacreditável sevícia, poderia ser rejeitada pelas correntes católicas com base no caráter anticristão da vingança ou da retribuição.
Na prática, a posição da Igreja Argentina não foi essa. Na década de 70, o Vigário Castrense Victorio Bonamin homenageou publicamente a torturadores e genocidas, por ter-se purificado no “Jordan do sangue”, numa referência nada sutil aos que já eram mais de 20 milhões de vítimas sangrentamente assassinadas. Dos quase 130 bispos, apenas quatro não compartilhavam este entusiasmo (Heysane, Nowak, De Nevares e Angelelli, que foi assassinado).
O que impede que a pena de morte seja usada como punição para os genocidas, não é certamente um problema de falta de reciprocidade (ou seja, “ninguém pode produzir aos militares, tanto dano como eles produziram a suas vítimas”). A pena de morte, como foi manifestado muitas vezes pelos militantes de Direitos Humanos, degrada a sociedade, e introduz um fator de crueldade e banalidade como existe atualmente em vários estados americanos, e existiu na Europa até antes da Segunda Guerra.
Por outro lado, filha da pena de morte, a prisão perpétua, que torna impossível o objetivo de “resgatar socialmente o criminoso”, também deve ser abandonada. Como regra geral, uma restauração em forma de punição dos genocidas não pode usar nenhum dos métodos desses próprios genocidas, já que isso colocaria a sociedade humanitária no mesmo nível moral que as gangues castrenses.
A pena deve ser a mínima possível que permita satisfazer as três condições de segurança da sociedade, redenção do criminoso, e não reiteração.
Entretanto, os tribunais e os processos devem ser diferentes dos clássicos. Os processos judiciais clássicos foram gerados para condenar apenas as pessoas indefesas. O sistema de defesa, o número de recursos, o comportamento dos advogados, embora variem de um país a outro, visam poder culpar apenas os membros das classes mais baixas, ou aqueles, de qualquer classe, que se rebelam contra a ordem estabelecida. É por isso, que a pesar de não ter encontrado a melhor solução, os julgadores de Nuremberg não puderam aplicar o processo penal clássico.
Com a justiça tradicional, nenhum dos chefes nazistas teria sido condenado. Por exemplo, não existia nenhuma lei em 1945 que condenasse o racismo e o genocídio. Os crimes de Guerra proibidos pelas convenções de La Haia incluíam especialmente duas infrações. Um era o uso de gases tóxicos sobre cidades e campos de batalha, mas não dentro de câmaras de gás, o qual ninguém tinha imaginado. O outro era o uso de balas de fragmentação, que os alemães não usaram. Se tivessem sido aplicadas as leis tradicionais, Hitler poderia ter sido capturado, mas deveria ter sido liberado imediatamente “por falta de mérito”, como reza a gíria dos bacharéis.
6. Arrependimento e Reconciliação
Segurança e Recuperação
O papel da punição como um método para garantir a segurança da sociedade é óbvio. Um esquema de terror como a ditadura Chilena, Brasileira, Argentina, Boliviana, como a operação Charlie no Caribe, como o nazismo e o fascismo, é muito mais difícil de recriar que uma organização de traficantes ou uma banda de ladrões de banco. Os mecanismos ideológicos, éticos, religiosos, e a logística embutida num projeto genocida só podem ser reconstruídos por meio de longos processos.
Isso mostra a necessidade, não apenas de tutelar os genocidas, mas de desarticular seus aparelhos. Isto é algo muito mais difícil e apenas se consegue, de vez em quanto, em situações especiais. Os aliados desmontaram apenas parte da estrutura nazista e também apenas uma parte do militarismo japonês, mas parece que eles não se reconstruíram da mesma forma.
Já na Itália, desde a anistia de Palmiro Togliatti nos anos 40, os fascistas encontraram maneiras para proteger os restos de seus aparatos, que foram protegidos, de maneira diversa, pela Igreja, a Democracia Cristã, a Máfia e os militares “democráticos” (filiados ao esquema da NATO). Apesar das contradições entre muitos deles (por exemplo, entre a Cosa Nostra de Palermo e os fascistas tradicionais), esses fatores preservaram a estrutura fascista como um capital político militar. De fato, esse é o motivo pelo qual o neofascismo é ainda hoje muito forte.
Garantir a segurança social com a dissolução das Forças Armadas nas Américas só foi possível com sucesso claro em Costa Rica (nos anos 40) e em Panamá (em 1994). Haiti tentou a mesma saída que teria, pelo menos, amenizado sua situação de extremo sofrimento. Seu exército foi dissolvido, mas não adiantou nada, pois pouco depois foi invadido por tropas estrangeiras de “estabilização”.
Quanto à recuperação ou “redenção” do criminoso de lesa humanidade parece um projeto quase impossível. A Comissão Nacional de Desaparição de Pessoas da Argentina investigou, durante alguns meses, vários membros das forças repressivas de diverso escalão. Posteriormente, poucos deles foram processados e quase nenhum ficou preso, mas pelo menos o processo serviu para coletar informação. Nenhum dos investigadores lembra ter encontrado algum militar ou policial de qualquer patente que sentisse remorso pelos assassinatos de mulheres e crianças. A maioria achava natural e até honroso, e apenas lamentava que as coisas tivessem dado errado. Outros guardavam grande ódio e diziam que se ficavam livres repetiriam a dose, mas em maior escala. De fato, isso não aconteceu de maneira massiva, como antes, mas os crimes cometidos pela polícia argentina desde 1984 até hoje, contra cidadãos quaisquer, talvez superem os cometidos durante a ditadura.
Em alguns países, criminosos comuns, incluindo os atores de crimes pesados (como homicídio e latrocínio) se recuperam de maneira bastante rápida e completa. O destino do criminoso não é, em geral, uma vocação eleita, mas uma circunstância à qual são empurrados por situações sociais e afetivas adversas.
Não acontece assim com os criminosos de lesa humanidade. Torturadores e genocidas podem ter sido em seus começos determinados por causas externas, porém, isto é frequente apenas naqueles de menor nível social. Uma vez encaminhados no terrorismo de estado, recebem elogios, prêmios, promoções, parte do botim que os exércitos roubam de suas vítimas, e assim em diante. Para os quadros maiores, a vida se torna prazerosa, com festas organizadas por empresários, financistas e ruralistas que os admiram como seus defensores contra a canalha popular e democrática. Os militares são convencidos de ser salvadores da pátria, ainda quando eles próprios achem ridículas essas pieguices. São mundialmente aclamados por outros governos fascistas, recebem honras de estado, enriquecem.
Claro que todos eles sabem que fazem sofrer de maneira aberrante a outras pessoas, mas não se importam. A reação pode ter vários estilos, mas nunca a culpa: (1) Pode ser a sensação de banalidade(da que falava Hanna Arendt), muito comum no nazismo: o sofrimento daquela gente não vale nada. (2) Pode ser um sentimento de revanche e insegurança, como acontece com as tropas norte-americanas, que querem vingar seu país, ameaçado por terroristas. (3) Nos países católicos é mais comum o sadismo, um atributo comum a muitos: militares argentinos, chilenos, nicaragüenses, legionários espanhóis, colonialistas belgas, paraquedistas franceses na Argélia, policiais italianos e, comparando a muita maior distância, juízes da Inquisição.
É verdade que o sadismo tem formas mais simples de se manifestar, mas o componente místico ajuda a diminuir a sensação de vergonha. Psicólogos e sociólogos europeus que tiveram relativo acesso a criminosos de lesa humanidade, depois da guerra da Argélia e da ditadura de Somoza na Nicarágua, comprovaram que todos padeciam de transtornos sexuais: eram homófobos, pedófilos, misóginos e tinham problema para gozar naturalmente. Torturar mulheres com ferros introduzidos na vagina era um dos métodos que ajudava seu orgasmo. Esses relatos concordam muito bem com os narrados seis séculos antes pelos observadores dos martírios da inquisição. No Malleus Maleficarum há uma forma dissimulada de aconselhar a exploração da vagina e os seios das “bruxas” para encontrar “marcas do diabo”.
A Igreja estimulou essas perversões por diversas razões. A mais fácil explicação é que os místicos são doentes hebefrênicos, e que sua proximidade com o sexo os constrange. Uma máscara de crueldade, e uma idéia de que estão cumprindo um dever sagrado torna os crimes sexuais mais prazerosos. Portanto, o exercício da tortura e o genocídio rara vez produzem culpa ou remorso, embora se registrassem alguns casos na África do Sul. O criminoso de estado, quando fica sem suas vítimas (por exemplo, depois do fim de uma ditadura ou uma guerra) tenta nutrir-se de crimes comuns, de abusos sexuais em família, de violência contra amantes e prostitutas, atrocidades contra os próprios filhos e assim em diante. Este fato está bastante estudado; veja a excelente pesquisa:
O remorso pode aparecer em racistas independentes que cometeram assassinatos de negros, judeus, comunistas, etc., como parte de seu fanatismo e caíram numa espécie de letargo quando sua aceleração homicida diminuiu. (Como o caso do personagem de Edwar Norton em A Outra História Americana). Há vários exemplos disto. Mas esse remorso é quase inexistente nos profissionais do genocídio ou a tortura: jagunços, policiais, militares, mercenários, etc.
Entre os chefes nazistas, alguns dos quais não assumiram “fisicamente” atividades cruéis e sofriam de menor misticismo que os genocidas latino-americanos, espanhóis ou franceses, tampouco o remorso foi algo comum. Isto reforça a idéia de que os crimes de lesa humanidade tornam os autores irrecuperáveis.
Dos 24 acusados na primeira sessão de Nuremberg, apenas 4 manifestaram arrependimento: o chefe da juventude hitleriana, Baldur von Shirach, o governador de Varsóvia Hans Frank e seu vice, Arthur Seyss-Inquart, e Albert Speer, arquiteto amigo de Hitler a fabricante de armas. Observe que o perfil conhecido destes quatro é muito menos sinistro que o de Pinochet, Videla, Medici, Banzer e outros, e não parecem afastar-se do modelo de militar comum ou do civil militarizado, para todos os quais a vida alheia é um simples objeto. Estas pessoas não sofrem especial repulsa da sociedade, e raramente são vistos como “monstros”.
O Problema da Reconciliação
Um dos três objetivos da punição dos criminosos de lesa humanidade é a educação da sociedade para evitar a repetição. Em vários países, depois de acabado o período de terror de estado, as CVJ tentaram uma processo de reconciliação entre vítimas e carrascos, com o intuito de evitar o risco de uma nova onda de genocídio e tortura. A reconciliação pode parecer plausível, quando existem casos de arrependimento, e os “arrependidos” podem ser transformados em reparadores dos danos de suas vítimas.
O único caso onde esta proposta teve algum sucesso (que, por enquanto, é mínimo) foi na África do Sul, onde houve vários casos isolados de arrependimento. Alguns policiais tinham desenvolvido sua atividade repressiva durante o apartheid sob um clima de ódio externo tão sufocante, que uma minoria deles sentiu-se ofuscado ao extremo de não poder refletir sobre a gravidade de seus crimes. Em diversos noticiários e documentários se mostram alguns poucos casos da crise sofridas por aqueles racistas quando se confrontam com vítimas às quais deixaram aleijadas.
Outro caso onde a reconciliação pode produzir eventualmente alguns frutos é Ruanda, e por razões similares: o aspecto racial.
Com efeito, em outros países, como os da América Latina, o conflito foi entre civis democráticos e progressistas e a quase totalidade dos militares. Em termos atuais, o confronto é entre ex torturadores e genocidas e suas antigas vítimas.
Parece ilusório que as pessoas aceitem se reconciliar com aqueles que mataram seus pais, filhos, irmãos, etc. Por outro lado, qual seria o sentido? Por que João da Silva deveria sentir necessidade de reconciliar-se (ou seja, possuir uma relação amigável ou neutra) com o coronel José Garcia, que o torturou? Não é mais racional deixar a imagem do algoz marcada em sua mente como um inimigo do qual deverá lembrar-se em seu devido contexto pelo resto da vida? Isso não significa rancor nem ódio: é apenas valorizar as ações do inimigo em sua justa medida. Será que, tendo o mundo tantas pessoas, ele precisa ficar amigo ou, pelo menos, complacente, com aquele que foi seu algoz?
A única reconciliação possível e, além disso necessária, é a reconciliação entre grupos sociais que foram arrastados injustamente a um conflito, o qual acabou criando uma contradição entre conjuntos humanos que não possuem nenhum incompatibilidade própria. No caso de África do Sul: a quase totalidade da comunidade afrikaaner desenvolveu ódio e racismo que gerou, como defesa, a desconfiança da comunidade negra. Então, de maneira irracional, o conflito entredominadores e dominados se tornou conflito entre brancos e negros.
Afro-descendentes com alto nível cultural, mesmo sabendo que o confronto não incluía massivamente todos os brancos, sentiam desconfiança por pessoas brancas. Durante uma reunião do Comitê de Resistência dos Povos de Ásia, África e América Latina, conheci a um de meus melhores amigos da época, um dirigente da Namíbia. Nosso primeiro diálogo foi muito depois de nos conhecermos e, segundo ele explicou, essa demora era por causa da desconfiança que ele tinha desenvolvido contra todo branco, incluídos os estrangeiros, e até os que tinham rótulo de esquerdistas e revolucionários.
Outro caso de conflito espúrio, que deve ser eliminado pela reconciliação, é o que existe entre povos que se tornaram inimigos por causa da guerra. Assim como o confronto entre etnias provém do racismo, o confronto entre nações provém do militarismo e o patriotismo. Este sentimento nacional é ainda mais absurdo que o racial, pois é criado de maneira sistemática para alimentar o ódio dos grupos militares dos países em luta.
Então, é necessária a reconciliação entre negros e brancos, e entre franceses e alemães, mas não é necessária nem benéfica, a reconciliação entre negros e racistas brancos, e entre humanistas franceses e nazistas alemães. Muito mais nociva ainda é a reconciliação direta, que alguns governos propõem cinicamente, entre vítimas e algozes.
Quando os militares argentinos, chilenos, brasileiros e outros pedem a suas vítimas ou seus familiares que esqueçam e comecem uma nova vida, o que estão exigindo, no fundo, é sua rendição incondicional. Eles querem que os povos voltem a baixar a cabeça para poder ser novamente abusados na próxima mareia golpista.
Na Argentina, acuados não pelos milhares de vítimas, mas pelo vergonhosa derrota na guerra, os militares estão mais calmos, mas no Brasil é evidente a empáfia com a qual desafiam a ordem constitucional e a contínua provocação contra os setores realmente democráticos da sociedade.
Pedir reconciliação às vítimas dos militares é desprezar a dor de suas vítimas, forjar uma unidade impossível entre lobos e cordeiros, e robustecer o poder dos assassinos e seus herdeiros (já que as Forças Armadas no Brasil se orgulham de ser as mesmas que praticaram os genocídios).
Esta política de negar justiça, que coloca o Brasil entre os últimos países dos que sofreram crimes militares (apenas antes de Honduras e El Salvador), só pode aumentar as tensões e produzir crises periódicas.
A única solução que cabe aos movimentos de DH (numa linha que está sendo proposta atualmente por Justiça Global e outros grupos) é exigir, através dos mecanismos internacionais, a formação de Comissões Independentes de Verdade e Justiça. Essas comissões podem (e devem) incluir operadores de direito, mas apenas os estritamente especializados em DH. Não deve repetir a CONADEP da Argentina, onde apenas 20% estava interessado em DH, e havia até 30% de membros que tinham colaborado com a ditadura. Menciono tantas vezes a Argentina porque esta foi um exemplo perfeito (até 2005) de como não deve atuar-se.
A CVJ deve incluir conselhos de vítimas e seus parentes, grupos de especialistas em todas as áreas da programação humanitária, incluindo psicologia, sociologia, antropologia, etc. Seu objetivo deve ser reconstruir a verdade e estabelecer as condições para julgar os responsáveis de crimes de lesa humanidade ainda vivos.
Os crimes devem ser punidos de acordo com um critério de equivalência com os crimes comuns, já que não dispomos de um código completo de crimes contra a Humanidade. Deve ficar claro que a Lei de Anistia não protege estes crimes, e, no caso em que existam indícios de que estes crimes também foram explicitamente protegidos, então cabe declarar aquela lei como iníqua e inexistente.
Alguém acharia razoável em nossa época que algumas pessoas pudessem ter escravos legalmente? Entretanto, se fosse respeitado o direito adquirido, os possuidores de escravos antes da Lei Áurea deveria ter doado os descendentes destes a seus herdeiros.
Portanto:
A Lei de Anistia deve ser reformulada, eliminando dela os crimes contra a Humanidade.
A Lei de Obediência Devida existente em outros países, e implícita no Brasil, deve ser considerada aberrante, e os executores subordinados de crimes devem ser punidos da mesma maneira que seus mandantes.
Deve redigir-se um código de punição de crimes contra a humanidade que sirva de exemplo para ações futuras.
Finalmente, há um problema que não pode ser resolvido de imediato, porém, talvez seja resolvido em algumas décadas se começarmos a educar na civilidade as gerações jovens:
Nenhuma sociedade que mantenha a guerra e a violência como profissão legítima poderá atingir nunca a plenitude dos DH, seja capitalista, socialista ou qualquer outra coisa. Os países menores devem seguir o exemplo dos 42 pequenos países que têm dissolvidos os exércitos, e os medianos e maiores deverão avançar nessa linha.
Embora não existam países grandes desmilitarizados, é possível ver que os DH são mais observados nas sociedades onde os militares, independentemente de seu número, possuem um papel marginal, como na Suécia.
O pretexto de que os países precisam se defender é autocontraditório. Uma desmilitarização mundial acabaria com a necessidade de defesa, pois também acabaria com a possibilidade de ataque.
Isto talvez tome alguns séculos, mas se desejamos preservar a Humanidade, vale a pena. Outra solução é eliminar o problema deixando que a Humanidade se destrua, o que parece uma decisão pouco racional.
