Es necesario recordar. La memoria es la fuente de nuestra salud. Saber qué es lo que sucedió, por qué sucedió. La dictadura de Videla dejó un saldo de 30.000 personas desaparecidas. En los días de hoy, se siguen usando las mismas herramientas utilizadas por la dictadura.
Jaime Barrera Oro nació el 21 de diciembre de 1949. Estudió Medicina en Córdoba y al momento de su desaparición tenía 26 años, era viudo, médico y papá de un pequeño de un año. El 12 de octubre de 1976, cuando salían de una clínica de Palermo con su novia, Velia Lemel, quien también era médica, fueron secuestrados.
Tiempo después la joven recuperó su libertad pero de Jaime nunca se tuvieron noticias. Al día siguiente un capitán de Infantería, se presentó en la casa de la hermana de Jaime, donde se encontraba su madre, Margarita, y buscaron su portafolio que contenía instrumental médico.
Esta persona, a su vez, señaló que Jaime y su novia volverían ese mismo día. Lo cual en el caso de Jaime Barrera Oro, nunca ocurrió. Su madre recorrió cárceles, psiquiátricos y todo lugar donde pensaba que podía obtener datos para encontrarlo.
Por un sobrino que también fue secuestrado, y la madre de un detenido que lo vio, supo que Jaime fue torturado. Ambos coincidieron en que estaba en muy malas condiciones a raíz de los tormentos recibidos. Además pudo averiguar que estuvo en Ezeiza y en el Correccional de La Plata.
Después de muchos años también se conoció que lo mantuvieron secuestrado en el Centro Clandestino de Detención El Vesubio, en La Tablada. Sacha, el hijo de Jaime, fue criado por su abuela Margarita, porque era huérfano de madre. Margarita Guerrero de Barrera Oro falleció en Mendoza a los 93 años.
Fue una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y luchó más de 40 años por encontrar a su hijo. Sacha Barrera Oro fue el único hijo que tuvo Jaime y cuenta que cuando tenía tres años y medio viajaban con su abuela Margarita a Buenos Aires para recorrer todos los lugares donde ella pensaba que podía obtener información sobre Jaime.
Ese viaje lo repitieron cada tres meses durante años. También recuerda con mucho amor la crianza ejemplar que le dieron sus abuelos, que siempre lo rodearon de un inmenso cariño sin faltar a la verdad, ya que él siempre supo lo ocurrido a su padre.
El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada denunció que “son generalizadas desde hace largo tiempo y la mayoría de ellas quedan impunes” en un duro informe en el que le recomendó al país azteca la creación de una “unidad fiscal especializada en investigar desapariciones forzada.
Esa unidad debería funcionar “en el ámbito de la PGR (Procuraduría General de la República)” y contar “con personal específicamente calificado”, así como tener “una perspectiva estratégica a nivel nacional y transnacional” que nutra “las tareas de búsqueda”, añade el dictamen.
México debe “redoblar sus esfuerzos” para atacar el problema de las desapariciones “generalizadas” que vive el país, pidió el comité, tras examinar el caso mexicano en el contexto de la desaparición y presunto asesinato de 43 estudiantes.
“El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, añadió.
El comité de la ONU examinó el 2 y 3 de febrero a México en el marco de las obligaciones emanadas de la convención internacional contra las desapariciones forzadas y hoy emitió un documento de 50 puntos donde detalla sus preocupaciones y recomendaciones.
El dictamen fue elaborado por los diez expertos independientes que componen el Comité, que examinó el caso de México a comienzos de este mes.
La ONU pide también la creación de “un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante”.
Este registro es un reclamo hecho por la sociedad civil en Ginebra durante la comparecencia del gobierno de México recientemente.
Para la ONU el registro debería “reflejar de manera exhaustiva y adecuada todos los casos de personas desaparecidas, incluyendo información acerca del sexo, edad y nacionalidad de la persona desaparecida y lugar y fecha de desaparición”, e “incluir información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada o de una desaparición cometida sin ninguna participación de agentes estatales”.
El Comité exhorta, además, a que ese registro contenga “datos estadísticos respecto de casos de desaparición forzada aún cuando hayan sido esclarecidos” y “ser completado con base en criterios claros y homogéneos y actualizado de manera permanente”.
También pidió avanzar “a la brevedad” en el proceso legislativo para que se adopte una ley para todo el país que sobre desapariciones forzadas, con participación de las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). México ha señalado que espera que esa ley esté lista para junio.
El Comité agregó que “nota con preocupación la falta de información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad”.
México tendrá plazo hasta el 13 de febrero de 2016 para dar al comité información sobre la aplicación de los puntos referidos al registro único de personas desaparecidas, mecanismos de búsqueda y prevención e investigación de desaparición de migrantes.
Además, se fija como plazo límite el 13 de febrero de 2018 para brindar “información concreta y actualizada acerca de la aplicación de todas sus recomendaciones”.
“Cuántas desapariciones forzadas hay no lo sabemos porque el Estado no ha proporcionado la cifra, pero sabemos que son muchas, demasiadas”, sentenció en rueda de prensa Rainer Huhle, miembro del Comité Relator sobre el caso de México.
Según el diario mexicano La jornada, fuentes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) coinciden en que alrededor de 24 mil personas han desaparecido en México desde el 2006 a la fecha.
Huhle añadió que del estudio del caso de México se desprende que “en más de la mitad de los estados del país se han dado casos de este atroz delito”, y recordó que las denuncias no son recientes sino que se remontan a varios años atrás.
“Es por eso que hablamos de impunidad. Porque es un problema de años y el Estado no ha hecho suficiente para resolver”, agregó.
“Las cifras hablan por sí mismas si tenemos en cuenta que hablamos de miles de casos de desapariciones forzadas y sólo seis personas han sido condenadas”, puntualizó el experto.
Reiteró que “hablamos de miles de desapariciones, el Estado no debería buscar excusas y debería implementar de inmediato todas nuestras recomendaciones”, agregó.
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, en su decisivo informe sobre México, determinó que las desapariciones son generalizadas en el país e instó al gobierno a que adoptase medidas para prevenirlas y resolver los casos pendientes. Además, el Comité formuló recomendaciones concretas al gobierno. Lo sorprendente es que apenas horas antes de que el Comité hiciera públicas sus conclusiones y recomendaciones, el gobierno mexicano afirmó que “no aportan elementos adicionales” para abordar el problema.
El gobierno mexicano parece poco dispuesto a reconocer la gravedad de la crisis, y su postura en relación con estas recomendaciones podría indicar que ignorará cualquier crítica a sus fallidas estrategias sobre seguridad pública. Esta decisión es sumamente alarmante en el frágil contexto de derechos humanos que vive el país. A Amnistía Internacional le preocupa enormemente el hecho de que la declaración del gobierno implica un rechazo de las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada. Con más de 23.000 casos de desaparición no resueltos, muchos de los cuales son casos de desaparición forzada cometidos por las fuerzas policiales y militares, las autoridades deberían dar la bienvenida a la ayuda especializada y constructiva que proporcionan los expertos de la ONU.
Las recomendaciones del Comité están incluidas en sus “Observaciones finales”, documento resultado del estudio en profundidad del país realizado durante su 8º periodo de sesiones. En su análisis, el Comité tuvo en cuenta toda la información pertinente presentada por el propio gobierno y por otras partes interesadas, como víctimas y ONG que trabajan sobre esta cuestión. La evaluación por el Comité de la situación incluyó aspectos positivos, así como motivos de preocupación sobre las medidas —o ausencia de medidas— adoptadas hasta el momento por el gobierno.
El Comité recomienda, entre otras cosas, prevenir los actos de intimidación y hostigamiento hacia las familias de las personas desaparecidas y de los defensores y defensoras de los derechos humanos; la aprobación de una ley general sobre desapariciones forzadas que sea compatible con el derecho internacional; una base de datos de ADN de personas desaparecidas y un registro de desapariciones que identifique específicamente los casos que constituyan desaparición forzada; un registro de detenidos fiable; y garantías de la búsqueda inmediata de las personas cuya desaparición se denuncie. Actualmente, todos estos aspectos adolecen de graves defectos que dificultan la investigación y perpetúan la impunidad casi total por estos crímenes.
Amnistía Internacional insta al gobierno mexicano a que acepte pública y oficialmente todas las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Desaparición Forzada y tome todas las medidas necesarias para cumplirlas en su integridad. La fase de implementación sólo tendrá éxito con la participación completa de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan junto con ellas.
