Por Evelyn Torre

El 31 de agosto de 2011 la cámara de senadores del congreso de la nación dio media sanción al proyecto de reforma de la ley de trata de personas, el cual pasó a diputados para su aprobación, sin embargo, pese a su trascendencia allí permaneció en un cajón durante más de un año.

Los parlamentarios justificaron su pasividad diciendo que cada sector quería presentar su propio proyecto y no lograban ponerse de acuerdo. Mientras tanto, cientos de mujeres continuaban siendo capturadas por redes mafiosas.

La sentencia del caso de Marita Verón, con todos los imputados absueltos, fue el disparador que llevó a retomar el tratamiento del proyecto, en sesiones extraordinarias, en las que fue aprobado con una sola abstención – de Marcela Rodríguez – y ningún voto en contra, tras más de diez horas de debate y ante la presencia de Susana Trimarco.

El objeto de la ley es endurecer las penas y mejorar la persecución del delito y además apunta a garantizar los derechos de las víctimas, brindándoles asistencia y contención.

La iniciativa amplía las condenas para los delitos de explotación sexual simple entre 2 y 4 años, además de elevarla de 5 a 15 años en los casos agravados. La idea es que deje de ser un delito excarcelable.

El proyecto también elimina el consentimiento como elemento exculpante para quien sea responsable de promover la prostitución y explotar a una mujer. Es decir, es delito aunque medie el consentimiento de la mujer.

Asimismo, la norma crea un consejo federal para la lucha contra la trata y un comité ejecutivo que se encargará de asistir a las víctimas.

La propuesta incluye también la incorporación al código procesal penal de la nación de la posibilidad de que las víctimas de trata sean entrevistadas por un psicólogo y se prohíbe que sean interrogadas de manera directa por las partes.

Además, ordena la creación de un registro de estadísticas, sobre la base de un sistema sincronizado de denuncias que deberá resguardar los datos durante 10 años, con fines de investigación.

Si bien las penas que contempla la ley son muy benévolas, en general, su sanción es un paso muy importante, en especial porque se trata de dar una mayor contención a las víctimas y se busca intensificar la prevención del delito.

No obstante, es sumamente criticable la labor de los diputados que dejaron pasar más de un año antes de tratar el proyecto, que de no haberse dictado sentencia en el caso Verón, seguiría archivado vaya a saber por cuánto tiempo más.

De hecho, los mismos diputados afirmaron que la ley va a tener que ser reformada para hacerla más efectiva. ¿No sería más conveniente hacer el trabajo bien y cuando corresponde? ¿Para qué sancionar una ley “buena” si se puede sancionar una mucho mejor? Si eso no es oportunismo político ¿entonces qué es?

En el país continúan desaparecidas Marita Verón, María Cash, Florencia Penacchi, Erica Soriano, Fernanda Aguirre, Sofía Herrera, Johana Chacón – esta última de la provincia de Mendoza. Otras no tan nombradas como Evelyn Espinosa López, María Elena Moreno, Ramona Mercado, Florencia Sire, María Luz Galarza, María Ciccioli, María Cristina Quevedo Lúquez, María Victoria González Ríos, María Auxiliadora Figueredo Guillem y Otoño Uriarte, y otras cientos de niñas y mujeres que no figuran en ninguna lista y que el estado no se preocupa por encontrar.

¿Hasta cuándo tendremos que tolerar la complicidad policial y judicial con la trata de personas? ¿Hasta cuándo la pasividad de gobernantes y legisladores que solo se preocupan de los casos resonantes que conmueven a la sociedad, aparentando un falso compromiso con la lucha contra la violencia de género que, de tan falso, por sí mismo constituye violencia hacia las mujeres? ¿De qué sirve tener la legislación más avanzada si no hay voluntad política de castigar a los responsables?

Ya es hora de generar una nueva sensibilidad en la sociedad para comenzar a exigir cambios a los gobernantes que solo reaccionan cuando el pueblo reclama. No podemos permitir que en nuestro país continúen desapareciendo mujeres y niñas, que terminan pagando con su vida por la corrupción imperante, porque esa indiferencia nos convierte en cómplices. No podemos ser ajenos a la desaparición siquiera de una sola persona, pues con ello nos disminuimos nosotros mismos, como seres humanos, como sociedad.

Finalizo con la célebre frase de John Donne: Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo de continente, una parte de la tierra; si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad; por consiguiente nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas: doblan por ti.

Fonte: La Quinta Pata