Cristiano Morsolin
Observatorio Selvas

La promoción de los Derechos Humanos constituirá, sin duda, uno de los indicadores con los que se medirá el desempeño del gobierno de Ollanta Humala, nacional e internacionalmente.

El gobierno de Alan García ha avanzado muy poco en materia de derechos humanos, como el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). “Se han dado cien mil soles a las comunidades, pero hay muchas quejas sobre el particular (…) incluso hay denuncias respecto a que alcaldes y autoridades han usado (el dinero) para fines distintos a los que quería la comunidad” ha destacado la secretaria ejecutiva del movimiento ciudadano “Para Que No Se Repita”, Rosario Giraldo.

En cuanto al Plan Nacional de Derechos Humanos, Giraldo refirió que la principal medida ha sido ampliar su período de vigencia, casi al final del gobierno de turno, pero es muy poco lo avanzado en términos de ejecución. Del mismo modo, invocó al próximo régimen a respaldar las tareas de exhumación de víctimas de la violencia política para que sus familiares puedan cerrar su duelo. “Esperamos que el nuevo gobierno muestre sensibilidad para tocar estos temas e incluirlos en su agenda, pues han afectado a un grueso sector de peruanos y no podemos ser indiferentes a su dolor”, puntualizó Giraldo.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) consideró importante que el presidente Ollanta Humala Tasso haya ratificado el compromiso de su gobierno con el pago de las reparaciones individuales y colectivas a las víctimas de la violencia política. “En términos generales nos parece muy importante que haya mencionado el tema de las reparaciones y de las víctimas del conflicto armado durante su discurso del 29 de julio. Es importante que los deudos cierren las heridas y no hay mejor manera de hacerlo que con la verdad, justicia y memoria”, precisó Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de esta organización.

Según la Defensoría del Pueblo, junio fue un periodo especial de conflictos al sumar 217, la mitad de los cuales se dirimieron de modo violento. Es importante resaltar que del total de protestas, 118 están referidas a temas socio-ambientales y en las regiones más pobres de Perú. El sacerdote católico Marco Arana, experto en temas de relaciones sociales y ambientales, fue uno de los que apuntó a la falta de medidas concretas para superar los problemas socio-económicos, aunque reconoce que Humala mencionó el problema y lo abordó de manera genérica. “Es una gran ausencia no manifestar qué política se va a utilizar frente a los conflictos socio-ambientales, teniendo en cuenta que es un grave problema dejado por García”, señaló a IPS el director de la organización no gubernamental Grufides.

Miguel Palacín, coordinador de la Confederación Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y fundador de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) ha subrayado que “Ollanta acumula todo el descontento social, pero no es quien debería estar en ese escenario. Los movimientos indígena, campesino, sindical y ambientalista hemos sido excluidos y derrotados antes de la inscripción de listas.

Las reglas están pensadas para eso. Y Ollanta ha girado al centro. Ha tenido que decir que va a conservar el modelo económico, que no va a cambiar la Constitución. Pero los movimientos piden un cambio de modelo, un modelo que persigue y mata dirigentes. Todo el discurso de los medios de comunicación, de los analistas, es que el modelo es excelente y no podemos cambiarlo. Es mejor mantener esta independencia política. Después de la guerra interna atroz [entre Sendero Luminoso y el Estado] que nos dejó desarticulados, el movimiento ha logrado entrar en un proceso de crecimiento”.

El ex presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Luis Bambarén, señaló que la Iglesia Católica está dispuesta a colaborar con el objetivo del gobierno del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, de trabajar por la inclusión social. “En nuestro campo, en el campo social que es lo que nos toca, en colaboración en todo lo que nos corresponda, hay una disposición de colaboración”, subrayó. “Creo que (la inclusión) es un gran compromiso, muy difícil, pero a eso hay que exponerse cuando uno trata de estar cerca de los olvidados por generaciones”, agregó. “No se trata de cuestiones políticas, sino ya de un sentido humanitario, de estar cerca de las respuestas a los más olvidados”, aseveró.

Histórica aprobación de la Ley de Consulta Previa

El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) Alberto Pizango, manifestó que la aprobación de la Ley de Consulta Previa, realizada el día martes 25 de agosto, significa un gran adelanto y voluntad mostrado por el Gobierno para seguir con los grandes cambios que el país necesita.“Es una autentica forma de hacer las cosas con respeto y seguir impulsando el verdadero desarrollo armónico del Perú. Los pueblos indígenas solo estuvimos reclamando que se respeten los derechos de una vida digna”, agregó.“Saludo esta forma de ponerse de acuerdo. No les queda más-a los congresistas-que seguir en este criterio” expresó al referirse al voto unánime en el parlamento peruano para aprobar la referida ley.

Emma Gómez, subdirectora de la ONG CooperAcción, considera que se requiere garantizar recursos para la implementación de la ley de consulta, dotarla de una reglamentación en la que participen también las organizaciones indígenas y garantizar la rigurosidad de los estudios de impacto ambiental que aprueba el Ministerio de Energía y Minas. Frente a quienes consideran que este proceso de consulta dilatará el inicio de una inversión, Gómez señala que lo más importante no es la celeridad de las inversiones sino lograr que estas sean sostenibles. Si bien hay empresas pioneras en establecer mecanismos de responsabilidad social con el entorno, Gómez advierte que estos casos no son una regla general. Las empresas, asegura, deberían cumplir con los estándares de calidad en el manejo del medio ambiente.

El relator especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas consideró que la aprobación por el Congreso de Perú de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas constituye un avance importante en el país y en el resto de la región en cuanto a las garantías de esos pueblos. “Espero que esto demuestre un firme compromiso por parte del Estado peruano de atender las exigencias actuales de los pueblos indígenas a ser consultados sobre medidas que les afecten directamente, y en particular sobre proyectos de industrias extractivas en sus territorios o a su alrededor”, subrayó James Anaya. El experto instó al presidente de Perú a que proceda a promulgar la ley, e hizo un llamado al gobierno a que tome todas las medidas necesarias para garantizar la implementación adecuada de ésta.

Joan Martinez Alier, máximo experto a nivel mundial de ecología política, comenta que” el triunfo con casi el 40 por ciento de los votos en las elecciones municipales en Lima en octubre del 2010 de Susana Villarán, una demócrata defensora de los derechos humanos, feminista, dirigente del pequeño partido descentralista Fuerza Social, fue una sorpresa para muchos porque dos meses antes apenas aparecía en las encuestas de opinión. Pero no lo fue para quienes siguen de cerca la política peruana de fondo, ya que el crecimiento económico tan pregonado por Alan García ha despertado una oleada de conflictos en distintas zonas del país por el abuso que se está haciendo de los recursos naturales. Al expolio de la Amazonía (con más de 100,000 km de líneas sísmicas de exploración de petróleo) se unen conflictos mineros en la Sierra y conflictos por el uso del agua para cultivos de exportación en la Costa.

El crecimiento económico está mal medido, al no restarle los daños a la naturaleza, y además está muy mal repartido socialmente. Todo eso se refleja en la población de Lima (una tercera parte de la población total) y más se nota en lo que los limeños llaman “las provincias”. Aumenta la consciencia indígena aunque con retraso respecto a lo ocurrido en Bolivia y Ecuador. Eso se expresa en organizaciones como AIDESEP en la Amazonía (cuyo líder Alberto Pizango tuvo que exiliarse durante más de un año, a partir de junio del 2009, por la violencia desatada en Bagua en las protestas contra las leyes de privatización de la selva al amparo del tratado de libre comercio con Estados Unidos)”.

Reparación y justicia para las víctimas del conflicto interno

El Gobierno evalúa aumentar el presupuesto de las reparaciones de 40 millones a más de 100 millones de nuevos soles anuales, con el aporte del sector privado y la cooperación internacional, informó ayer la secretaria ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), Isabel Coral Cordero. Precisó que actualmente alrededor de 20 millones de nuevos soles se han destinado para la reparación económica y otra cifra similar para la reparación colectiva, “lo cual resulta insuficiente”.

Expresó “la necesidad de dar un aumento significativo al pliego mediante la creación de un Fondo Nacional de Reparaciones, que llegaría a tener 100 millones de soles para dicho fin”.

Asimismo, estimó que la reparación económica individual de 10 mil nuevos soles para las víctimas de la violencia en las décadas de 1980 y 1990, planteada por el gobierno aprista, “es muy pequeña”, “una burla” y “no es un acto efectivo de solidaridad”. Dijo que se realizarán nuevos cálculos para elevar esa cifra sobre la base de estándares nacionales e internacionales, “que siendo un acto simbólico podría ser más justo y significativo para esta población que ha esperado justicia más de dos décadas”.

Explicó además que la CMAN busca profundizar las reparaciones económicas a través de programas y proyectos.

Hay que recordar que en 2003 un grupo de organizaciones de la sociedad civil italiana (con la lidership del Observatorio SELVAS) logró que el parlamento italiano ha votado unánimemente por la Resolución 2737 propuesta por el Congresista y Secretario de la Comisión de DDHH del Senado, Francesco Martone, que compromete al gobierno italiano a “activar todas las sedes oportunas, bilaterales y multilaterales, para hacer que el gobierno peruano adopte y respete las recomendaciones de la CIDH y de la CVR.”

En especial, la resolución menciona: la importancia de la independencia de la magistratura, incluyendo a los jueces encargados de investigar las violaciones cometidas y que todos los acuerdos internacionales relevantes sean respetados por el gobierno peruano, particularmente los que mencionan los derechos de las minorías indígenas y la preservación de los recursos naturales. El congresista Francesco Martone ha sido un enlace importante entre América Latina e Italia y apoyó la campaña internacional de apoyo al pueblo de Tambogrande en su lucha contra la explotación minera.

Los italianos esperan que si su gobierno asume un compromiso con las recomendaciones de la CVR, esta voluntad será trasmitida al gobierno peruano para su implementación. Además, creen que esta acción fortalecerá las iniciativas de otros gobiernos o instituciones para impulsar el cumplimiento de tan importante trabajo. Asimismo, como declaró el sub secretario Baccini en el debate parlamentario sobre la resolución, el gobierno ha expresado su apoyo al Perú en la negociación de la reducción de la deuda externa del Perú para convertirlo en un Fondo para programas de escolarización en el país, hecho que ayudará en la lucha contra la pobreza y las causas de la violencia vividas en el Perú. También han hecho acuerdos con el Perú sobre extradición que apoya la lucha contra la impunidad y dando mayor impulso a las relaciones bilaterales.

La resolución ha sido impulsada por un grupo de ONGs italianas (Terra Nuova, Mlal, ASPEm, Observatorio SELVAS, GVC) y varias organizaciones de la sociedad italiana que trabajan desde hace más de 20 años en el Perú en favor de su efectiva democratización como nación pluriétnica y multicultural. Como dicen ellos, su “manera de “hacer cooperación” es entenderla y practicarla como expresión de solidaridad y de un intercambio entre el Norte y el Sur del mundo para que sea un espacio de ciudadanía y opción de justicia,” y desde esta perspectiva han considerado necesario apoyar el proceso post CVR.

Señalan que la reconciliación solamente va a estar asegurada con el reconocimiento de la dignidad de las víctimas que las recomendaciones pretenden promover. Este grupo ha señalado que va a mantenerse vigilante para que el gobierno italiano cumpla con su promesa y utilice todas las herramientas necesarias para promover la memoria histórica, la reconciliación nacional, la dignificación de las víctimas y las reparaciones. Esperan que esta iniciativa del gobierno italiano y el Fondo Italo-Peruano puedan servir para estimular más respuestas de la sociedad peruana (MENSAJERO PERUANO Nº – 62 Fórum Solidaridad Perú, 20 de Julio de 2004).

El presidente Alan García calificó de “exageración judicial” el pedido de arresto de la justicia italiana (diciembre de 2007) del ex dictador Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), quien es acusado de apoyar un plan represivo que terminó con la desaparición de 25 italianos en una operación coordinada por gobiernos latinoamericanos hace tres décadas. Sería interesante saber si el presidente Humala va a autorizar la extradición del ex presidente Morales Bermúdez…

También el Parlamento Europeo está pendiente del proceso al ex Presidente Fujimori.

El juicio a Fujimori fue comentado por una representación de eurodiputados, encabezada por Mónica Frassoni, copresidenta del Grupo de los Verdes (EFA), que dirigió una carta abierta a las autoridades para felicitarlas por la celebración del proceso por delitos de lesa humanidad.

“Los eurodiputados abajo firmantes consideramos que, tanto la extradición de Fujimori de Chile a Perú, como su juicio por corrupción, homicidio calificado, lesiones graves y secuestro, son pasos importantes en la lucha contra la impunidad y el mejor respeto de los derechos humanos”, afirmó la carta firmada también por Helene Flautre, Presidenta de la Comisión Derechos Humanos (Verdes), por Helmuth MARKOV Presidente de la Comisión de Comercio Internacional (Gue-Ngl) y Raul Romeva, vicepresidente de la Comisión sobre derechos de la mujer, difundida por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

Cayo Lara y el europarlamentario Willy Meyer (Gue-Ngl) han felicitado a Ollanta Humala porque “el pueblo peruano haya confiado en vuestro programa que pretende distribuir la riqueza para acabar con las desigualdades sociales e incorporar a Perú en el proceso de integración regional”. Para Izquierda Unida IU el apoyo del pueblo peruano demuestra su confianza en Gana Perú para conseguir “una sociedad más justa, más solidaria y en paz”. Con esta carta IU reitera su compromiso de colaboración entre ambas organizaciones y su disposición para “cualquier cuestión que se nos demande en relación a los intereses peruanos en España y en Europa“.

Lucha antidroga

Perú buscará fortalecer la cooperación con los países vecinos para lograr un control más eficiente en la lucha contra el narcotráfico, el nuevo presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón miembro del equipo de Drogas y Democracia del Transnational Institute. Debemos “fortalecer y utilizar todos los instrumentos de cooperación a nivel policial, judicial y administrativo para lograr un eficiente control de las drogas”, sostuvo. Perú, junto a Colombia y Bolivia (ver report “Bolivia lucha en contra del narcotráfico”, publicado por el Observatorio Drug Law Reform – TNI y Wola), es uno de los países de la región andina con mayor área de cultivos de coca, cuya hoja es el insumo principal para la elaboración de cocaína, que aumentó en los últimos años, según organismos internacionales. Soberón destacó además la necesidad de tender puentes con los espacios de cooperación internacional, particularmente con Europa, Estados Unidos y Naciones Unidas.

El asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Tapia, consideró que la política antidroga aplicada en el Perú durante los últimos años ha sido un fracaso, y sólo logró que crezca la producción de cocaína y con ello el narcotráfico. “Antes la estrategia trajo muchos muertos, conflicto social permanente, toma de carreteras y puentes. Hay que cambiar para reducir los cultivos de coca, antes no se hizo, solo se logró que crezca la producción de cocaína, nos ha llevado a un gran error que favorece al narcotráfico”, sostuvo en declaraciones a Canal N. Asimismo, respaldo el trabajo que viene realizando hasta la fecha Ricardo Soberón, a quien calificó como una persona “calificada”, destacando su trabajo con las Naciones Unidades para enfrentar la problemática del narcotráfico. Por otro lado, consideró que es un hecho improbable que se vaya a producir una paralización de cocaleros, pues “se va a dar el camino del diálogo y concertación”.

“El Ministerio del Interior está haciendo las labores correspondientes para ver la estrategia que está en curso, que supone erradicación dentro de una concepción integral, distinta a la fracasada en los últimos años. La negociación con los productores de hoja de coca debe incluir un mayor impulso a los cultivos tradicionales, dentro de un marco de paz social”, agregó al diario La República en su edición del 5 de septiembre.

Amira Armenta, experta del Transnational Institute TNI de Ámsterdam, comenta que “la decisión del nuevo Gobierno peruano de suspender provisionalmente las erradicaciones de coca desató la semana pasada una fuerte polémica en el Perú. La medida no fue, sin embargo, sorprendente. Durante su campaña presidencial Ollanta Humala expresó claramente sus dudas respecto a las erradicaciones forzadas de la coca, una estrategia que se viene aplicando desde hace muchos años en el país y que no ha producido resultados positivos. La superficie sembrada de coca ha aumentado considerablemente. Una suspensión y revisión de la política parecía ser lo más obvio. Lamentablemente el tema de las erradicaciones de cultivos de uso ilícito está hoy altamente politizado.

No sólo en el Perú sino en todos los países del mundo en donde se produce este tipo de cultivos y se implementa esta estrategia. Esta politización no permite ver los argumentos que sustentan la necesidad de ponerle fin a la erradicación forzada y de comenzar a poner en marcha alternativas de desarrollo que incluyan una erradicación gradual y concertada con las comunidades. No permite ver que la erradicación sólo puede ser exitosa cuando los programas alternativos estén en capacidad de garantizar la seguridad alimentaria de la población local. Si este no es el caso, como evidentemente no lo es en las regiones cocaleras del Perú en donde se viene aplicando desde hace años esta política, entonces los Gobiernos están condenados a seguir implementando un fracaso. Con los costos que éste comporta.

Esto es lo que ha intentado comenzar a cambiar el nuevo presidente peruano y contra lo cual se han expresado diversos sectores. Muchas de las críticas que recibió Ollanta Humala cuando anunció la suspensión de las erradicaciones señalaron particularmente sus simpatías hacia grupos cocaleros presentándolos como grupos criminales. Aunque es cierto que mucha de la coca se desvía hacia el narcotráfico, lo que de hecho aproxima al cocalero a la delincuencia, antes que con el castigo al campesino cocalero el problema se resolvería ofreciéndole una respuesta que le permita vivir sin tener que recurrir a una actividad ilícita.

La asesora principal de Washington Office on Latin America (WOLA), Coletta Youngers, consideró inteligente que en Perú se reevalúe la estrategia de lucha antidrogas, centrada en la erradicación forzada de la hoja de coca, ante el evidente fracaso de esa política. Indicó que a lo largo de la última década esa estrategia no ha permitido obtener resultados positivos en el combate contra el narcotráfico.

“Creo que ha sido una decisión muy inteligente de reevaluar la política de erradicación de coca, porque toda esta política no ha rendido frutos. En la última década, la cantidad de coca sembrada en Perú casi se ha duplicado, no obstante la política de erradicación”, manifestó.

En el verano de 2005, el Transnational Institute TNI de Amsterdam y la Ong italiana Movimiento Laico para América Latina MLAL editaron y publicaron cuatro ensayos sobre la coca en el Perú realizados por cuatro peruanos expertos en políticas de drogas. El resultado fue el libro «Hablan los diablos», impreso por la editorial Abya Yala, en Quito. Después de más de una década de análisis, evaluación y crítica de la política de drogas del Gobierno peruano -cuyo fracaso volvió a quedar comprobado con los resultados de las últimas estadísticas provistas por Naciones Unidas- cuatro expertos -Hugo Cabieses, Baldomero Cáceres, Róger Rumrill y Ricardo Soberón- terminaron convirtiéndose en verdaderos ‘diablos’ del tema de las drogas para las entidades oficiales antidrogas. La aparición del libro (ver reseña del Observatorio Selvas) en aquel momento no debió pasar desapercibida para las autoridades. Buena parte de la edición ‘desapareció’ en los almacenes de la Aduana peruana cuando se intentaba introducirla al Perú…

Voy a concluir este artículo uniéndome a los muchos merecidos homenajes hechos a Carlos Iván Degregori. Degregori destaca por una mirada lúcida, que valora la democracia como régimen, que propone a la izquierda la tarea de persuadir al pueblo entroncándose con sus tradiciones nacionales, y de deslindar con senderismo. Sus investigaciones fundamentan estas orientaciones, mostrando un país en el cual la modernización y las ansias de progreso son claves, en el cual la población andina opta masivamente por exigir una incorporación plena a la comunidad nacional, donde es central la demanda por reconocimiento tanto de su identidad cultural como de sus derechos económicos, sociales y políticos.

Sendero Luminoso aparece como la negación de ese proceso: como un proyecto fundamentalista, totalitario, anticampesino. El camino de un Perú en proceso de democratización queda trunco con el giro autoritario de Alberto Fujimori a pocos meses de llegar al gobierno en 1990, aunque a partir de la captura de Abimael Guzmán Sendero Luminoso se derrumbara rápidamente.

Degregori entonces escribió para demostrar la verdadera razón de la derrota de Sendero, gestada desde las rondas campesinas, lo que lo llevó a preocuparse por el tema de la memoria, su construcción, sus usos. Denunció al fujimorismo en sus intentos de presentarse, tergiversando la historia, como salvador de la patria, lo que lo llevó a investigar y denunciar sus arbitrariedades, mentiras, manipulaciones. Todo esto lo preparó para ser protagonista en la redacción del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y luego de ser perito en el juicio contra los crímenes perpetrados durante el gobierno de Fujimori, organizados desde la cúpula del poder.

Hacer memoria y buscar justicia como nos ha enseñado el maestro Carlos Iván Degregori significa exigir al Presidente Humala que cumpla sus compromisos a favor de la defensa de los derechos humanos en Perú.